La administración del presidente estadounidense Joe Biden pidió este viernes a un juez federal que bloquee rápidamente una flamante ley que prohíbe la mayoría de los abortos en Texas.
El controvertido estatuto, que entró en vigor el 1 de septiembre, representa “una abierta amenaza al estado de derecho”, declaró el vicefiscal general adjunto Brian Netter en los argumentos de la corte en Austin.
En su impugnación, el gobierno de Estados Unidos describió la prohibición como “una ley verdaderamente extraordinaria diseñada para flanquear al gobierno federal y violar la constitución”, dijo Netter, y agregó que era necesaria una “intervención judicial” para impedir que la ley se cumpla hasta que se decida el caso.
La ley de Texas, la más restrictiva de su tipo en el país, prohíbe los abortos tan pronto como se detectan los latidos del corazón de un embrión, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo, y no permite excepciones en casos de incesto o violación.
En los últimos años se han aprobado leyes similares en otros estados, pero fueron derogadas porque violaron el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos de Roe v. Wade, el fallo de 1973 que garantizaba el derecho de una mujer a un aborto hasta que el feto fuera viable fuera del útero, aproximadamente a las 22 semanas de embarazo.
La ley de Texas es única en el sentido de que faculta a cualquier persona a entablar demandas contra una persona que haya ayudado en un aborto, lo que llevó a Netter a acusar a las autoridades estatales de habilitar un régimen de “justicia vigilante”.
La Corte Suprema de nueve jueces, con clara mayoría conservadora, citó cuestiones de procedimiento “novedosas” cuando decidió el mes pasado no intervenir para bloquear el Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas, como habían solicitado los defensores por el derecho a decidir.
El gobierno federal ha entrado en la refriega, citando su interés en defender los derechos constitucionales de los estadounidenses.
Netter argumentó que si bien Estados Unidos rara vez presenta una demanda para desafiar las leyes estatales, “esta demanda es necesaria porque la SB-8 representa un ataque sin precedentes contra la supremacía del gobierno federal, de la constitución federal”.
El abogado William Thompson, de la Procuraduría General de Texas, acusó a Netter de “retórica incendiaria” e insistió en que la ley respeta el precedente de la Corte Suprema.
Pero el juez Robert Pitman replicó: “Si el estado confía tanto en la constitucionalidad de las limitaciones al acceso de una mujer al aborto, ¿por qué hizo todo lo posible para crear esta causa de acción privada tan inusual?”
Pitman pronto podría emitir un fallo sobre el caso.
