El gobierno de Iván Duque aceptó este lunes dialogar directamente con los líderes de las protestas en Colombia, que desde hace doce días colman las calles en rechazo a sus políticas, y pidió suspender una manifestación prevista para el miércoles.
"Estamos hoy dispuestos y listos a sentarnos con ellos esta tarde o mañana para discutir sobre" su agenda de reclamos, dijo a medios Diego Molano, coordinador de los diálogos adelantados por Duque en un intento por aliviar el descontento social.
Además, el alto funcionario pidió suspender una marcha convocada para el 4 de diciembre, porque según él, deben mitigarse "los efectos económicos que está teniendo" la huelga sobre el comercio en épocas navideñas.
"Le planteamos al Comité Nacional del Paro que el gobierno y el presidente Duque tiene toda la disposición de diálogo sin ultimátum, sin presiones y por el bien de Colombia", agregó.
De momento no se conoce respuesta por parte de los miembros del Comité Nacional de Paro que reúne a sindicatos, estudiantes, indígenas y políticos de oposición.
Desde el 21 de noviembre ríos de personas se movilizan a diario en diferentes ciudades de Colombia en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno desde los años setenta.
En un primer encuentro infructuoso el 26 de noviembre, los representantes de los manifestantes presentaron al gobierno 13 pedidos que incluyen desde el retiro de una reforma tributaria en trámite parlamentario hasta el cumplimiento cabal del acuerdo de paz firmado con rebeldes de las FARC en 2016.
En respuesta a las protestas, Duque inició un ciclo de diálogos con sectores que incluso no estaban reclamando en las calles y hasta ahora se había se había mostrado reticente a reunirse exclusivamente con los líderes del paro. Sin embargo, la presión en las calles se mantuvo y este lunes el mandatario cedió a la organización de una "mesa paralela a la Conversación Nacional" a través de Molano.
El Comité Nacional del Paro ha llamado a marchar tres veces desde el 21 de noviembre, pero se ha deslindado de las manifestaciones espontáneas que se viven a diario desde entonces.
Además de rechazar la privatización de bienes públicos o exigir mayores recursos para la educación pública, los colombianos repudian el asesinato selectivo de activistas de derechos humanos y líderes sociales.
Aunque el gobierno prevé un PIB del 3,6% en 2019, un bálsamo frente al flojo desempeño esperado para Sudamérica, la cuarta economía latinoamericana registra uno de los índices más altos de desigualdad y desempleo de la región.
