El gobierno de Iván Duque presentó este miércoles al Congreso de Colombia una propuesta para reformar la policía, cuestionada por excesos en la represión de las multitudinarias protestas contra el mandatario conservador que dejan más de 60 muertos en los últimos tres meses.
Sin ceder a la presión de los manifestantes, que exigen que la policía salga de la tutela del Ministerio de Defensa para convertirse en un cuerpo civil, el gobierno radicó una iniciativa que contempla sanciones para los policías “que no se identifiquen plenamente” o impidan grabar sus acciones.
“La Policía Nacional debe hacer parte del Ministerio de Defensa por las condiciones de amenaza y de violencia que tiene Colombia aún”, dijo a la AFP el encargado de la cartera, Diego Molano, durante la presentación de los proyectos de ley sobre la reforma.
La institución “tiene funciones de lucha contra el narcotráfico, de seguridad ciudadana (...), de lucha contra el contrabando y eso requiere una mayor coordinación con las fuerzas militares”, agregó Molano.
A finales de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar contra un alza impuestos promovida por el gobierno y desechada ante la presión popular. La represión de las manifestaciones avivó el malestar social y dio lugar a un movimiento de rechazo a la gestión de Duque durante la pandemia, que elevó la pobreza del 37% al 42% de la población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país en mayo y denunció la respuesta “desproporcionada” y “letal” de la fuerza pública. Entre sus recomendaciones aconsejó separar a la policía de la cartera de Defensa por “la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”.
A un año de entregar el poder y con una impopularidad del 76%, Duque enfrenta un inédito movimiento de protestas desde 2019 que se manifiesta en las calles desde entonces con intervalos de tiempo.
Durante la jornada de movilizaciones del martes, la policía detuvo a 70 personas por disturbios y choques con la fuerza pública que se presentaron en Bogotá, Medellín y Cali, principales ciudades del país.
“En las últimas horas la Policía Nacional capturó a 70 personas, 69 de ellas en flagrancia por los delitos cometidos en varias ciudades (...) durante este 20 de julio, y una más con orden judicial por homicidio”, indicó la institución en un comunicado este miércoles.
Los detenidos deberán responder por los delitos de obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno, lanzamiento de objetos y substancias peligrosas, y tenencia de armas de fuego. Las autoridades acusan infiltración de grupos armados en la protesta.
Aunque las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, consignó por su parte 50 heridos: 24 civiles y 26 agentes de la fuerza pública.
La jornada marcó el regreso de las protestas masivas tras ser suspendidas hace un mes por el frente más visible de los manifestantes en pleno tercer pico de la pandemia.
Miles respondieron al llamado del Comité Nacional del Paro el día en que el gobierno radicó en el Congreso una nueva propuesta de reforma tributaria para enfrentar los estragos económicos que dejan 16 meses de emergencia sanitaria por el covid-19.
Ante el inminente regreso de las movilizaciones, el gobierno se enfocó en capturar a integrantes de la llamada primera línea de protesta, sospechosos de planear ataques contra la fuerza pública.
“Le madrugamos a los violentos, les salimos al paso”, anunció airoso Molano en Blu Radio. Unas 60 personas ya habían sido capturadas entre el 9 y el 19 de julio.
El gobierno reconoce abusos de policías pero niega que se trate de hechos sistemáticos.
