El Gobierno de México aclaró este viernes que el regreso al cargo de gobernador de Sinaloa por parte de Rubén Rocha Moya fue una “decisión personal” del funcionario y que la investigación en su contra, junto con otras nueve personas, sigue en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El gobernador y otros nueve funcionarios de su Administración fueron señalados por la Justicia estadounidense de su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que la reincorporación del gobernador a sus funciones “responde exclusivamente a una determinación de carácter personal”.
Previamente, Rocha Moya anunció que retomaba el cargo tras 112 días de licencia, al afirmar que no existen pruebas que lo vinculen con los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos nexos de su Gobierno con el Cartel de Sinaloa.
No obstante, la Segob recordó que la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas contra diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, incluido Rocha Moya, tal como se informó en julio.
Ante ello, apuntó que es atribución de la Fiscalía informar del avance de las investigaciones.
La dependencia agregó que la Cancillería mexicana “ha solicitado de manera reiterada” al Departamento de Justicia estadounidense proporcionar las pruebas correspondientes que sustenten las acusaciones.
Rocha Moya anunció su regreso al cargo argumentando que “la propia Fiscalía” concluyó “que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”.
No obstante, la FGR no se ha pronunciado al respecto ni ha respaldado las afirmaciones del gobernador.
De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, difundida el 29 de abril, los diez funcionarios presuntamente habrían protegido operaciones del cartel, particularmente de la facción de Los Chapitos, como parte de una red que operó para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a ese país con apoyo desde estructuras del Gobierno en Sinaloa.
Entre los acusados también se encuentran los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, quienes se entregaron a las autoridades estadounidenses en mayo.