El Gobierno de Nayib Bukele pidió este martes al Congreso salvadoreño, de amplía mayoría oficialista, que amplié por decimosexta ocasión un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al ministro de la Defensa, René Merino, y el director de la Policía, Mauricio Arriaza.
Además de extender el régimen de excepción, el Gobierno de Bukele ha pedido endurecer las penas a los cabecillas de las pandillas y reformar el proceso para juzgar a los miles de detenidos.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por medios gubernamentales, esta medida ha dejado a 71.479 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Dicho régimen fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que se cobró la vida de más de 80 personas en 3 días.