Defensores de los inmigrantes iniciaron acciones legales contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) por derogar una política de hace décadas que otorgaba a los inmigrantes legales e indocumentados acceso a ciertos beneficios federales de salud y sociales, que incluye servicios a niños.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) informó este miércoles que han enmendado una demanda en curso contra el Gobierno del presidente Donald Trump para impugnar la última directiva del HHS, que reinterpreta una política de 1996, conocida como PRWORA, que permite a los inmigrantes indocumentados acceso a ciertos beneficios federales de salud.
La nueva directiva restringe uniformemente la elegibilidad para recibir beneficios a inmigrantes, incluyendo a los titulares de tarjetas de residencia permanente y a los refugiados.
En concreto, inmigrantes no ciudadanos no son elegibles para el programa de salud pública de Estados Unidos, conocido como Medicaid (no emergencia), el programa de asistencia nutricional SNAP, los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio ni otros programas.
También se les prohíbe a indocumentados acceder a muchos beneficios estatales y locales como Head Start, que favorece a niños menores de cinco años.
El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., dijo en un comunicado de prensa que el nuevo enfoque “restaura la integridad de los programas sociales federales, refuerza el estado de derecho y protege recursos vitales” para los estadounidenses.
Kennedy Jr. aseguró que “durante demasiado tiempo” el Gobierno ha desviado el dinero de los contribuyentes estadounidenses para “incentivar la inmigración ilegal”.
La nueva política del Gobierno Trump enfatiza que las personas están sujetas a restricciones de elegibilidad.
En respuesta, los grupos defensores de los inmigrantes y proveedores de salud han buscado impugnar en un tribunal federal del estado de Washington la directiva publicada el lunes pasado.
Ming-Qi Chu, subdirectora del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU, dijo en un comunicado que excluir a los niños inmigrantes “es ilegal y un ataque directo” a algunas de las mismas familias para las que este programa va dirigido.
“Es claramente incompatible con el texto de la ley y el propósito del Congreso”, subrayó la abogada.
Los recortes de personal, las demoras y la directiva de inmigración del gobierno amenazan los servicios vitales de salud, sociales y educación temprana de los que dependen más de 800,000 niños y familias cada año, indica la demanda.