Cientos de guatemaltecos volvieron a manifestarse este domingo para reclamar la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, a quien le reprochan no destinar suficientes recursos a combatir la pobreza y la desigualdad en su nuevo presupuesto.
“Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo” y “Fuera Giammattei” se leía en las pancartas de algunos de los manifestantes que llegaron con mascarillas a la plaza central, frente a la antigua sede del gobierno, ubicada en el centro histórico de la capital, observó un fotógrafo de la AFP.
Las protestas del domingo transcurrían, hasta el momento, de forma pacífica, un día después de que un grupo de guatemaltecos quemara la sede del Congreso en protesta por la aprobación de un presupuesto que no contempla aumentos en las partidas sociales y prevé un fuerte endeudamiento público.
La Universidad de San Carlos, la única estatal del país, hizo un llamado para convocar un paro nacional el lunes, una petición que no ha tenido respuesta de otros sectores.
“Guatemala llora sangre, el pueblo ya está harto, hemos vivido pisoteados por más de 200 años”, dijo un manifestante que no se identificó.
“Nos planteamos la reducción de gastos de funcionamiento, enfocando esos recursos para la atención de las prioridades de país. Además, de reducir el déficit fiscal y como resultado, un menor endeudamiento”, dijo el viernes Giammattei sobre el presupuesto.
El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que anteriormente se desmarcó de su presidente y le reclamó la dimisión, pidió este domingo al Ministerio Público (MP, fiscalía) que investigue la quema de oficinas del Congreso pero también la represión policial.
El viernes, Castillo ofreció a Giammattei dimitir juntos “por el bien del país”.
Si llegaran a renunciar ambos gobernantes, el Congreso tendría que juramentar al canciller, Pedro Brolo.
El presidente, en el poder desde enero, hasta el momento ha guardado silencio, pero el ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, en un mensaje la noche del sábado criticó la quema del Congreso y dijo que van a capturar a los responsables.
En tanto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron el presupuesto y la violencia contra los manifestantes, tras rechazar los incidentes del Congreso.
El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez, por un caso de fraude aduanero.
La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a enfrentar la pandemia de coronavirus así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio que encabezará un joven cercano al mandatario.
El Congreso había aprobado préstamos por más de 3,800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos.
El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticada por su vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los grupos afectados por los confinamientos.
Según datos oficiales, el covid-19 dejó casi 120,000 contagios y más de 4,000 muertos en este país de 17 millones de habitantes.
En la protesta del sábado frente al Congreso, la policía capturó a casi 40 personas, entre ellos dos menores de 18 años, y casi medio centenar fueron hospitalizadas, uno de ellos en estado grave pero estable.
Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos de la plaza central donde había decenas de niños.
“Estamos cansados, no hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo, estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades”, aseveró una manifestante que tampoco se identificó.
El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó esta semana un presupuesto para 2021 de casi 12,800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año.
La mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentos en las partidas de salud ni de educación, ni tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
El 59.3% de la población vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años.
