Un juzgado de Guatemala ordenó ayer miércoles la captura de los brasileños Marcos de Cequeira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, ambos exdirectivos de la constructora Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción en el país centroamericano.
El juez Juan José Jiménez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, declaró en rebeldía a los empresarios brasileños y ordenó su aprehensión debido a que no se presentaron a una citación ayer, en el Organismo Judicial de la ciudad de Guatemala.
Los abogados de los brasileños solicitaron la suspensión de la audiencia para poder estudiar la acusación; sin embargo, sus argumentos fueron rechazados por el juez Jiménez, quien insistió que los implicados tenían que estar presentes.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, sancionado por corrupción por Estados Unidos, acusa a Lima Machado y Mameri de haber recibido de forma anómala beneficios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En 2022, Curruchiche anuló los testimonios que ambos brasileños habían brindado en 2017, en los que acusaban al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht por 18 millones de dólares, a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña.
El pasado 11 de enero, Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, recuperó su libertad en Guatemala gracias a la anulación de los testimonios de los empresarios brasileños que lo vinculan a recibir sobornos millonarios entre 2010 y 2011.
Además, hace dos semanas el fiscal Curruchiche advirtió que no descartaba acciones legales contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su supuesta vinculación a anomalías en el caso Odebrecht, cuando fungía como director de la Cicig (2013-2018).
El proceso se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y Odebrecht en Estados Unidos, por el cual se investiga el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.
En Guatemala, varios expertos advierten que las actuales autoridades del Ministerio Público están persiguiendo a los operadores de justicia que en el pasado descubrieron redes criminales de corrupción incrustadas en el Estado.