Una misión humanitaria de instituciones colombianas permitió la liberación de 18 personas pertenecientes a distintas comunidades de la costa Pacífica nariñense que estaban en poder de la Columna Iván Ríos de la Segunda Marquetalia, una de las dos grandes disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La misión de la Defensoría del Pueblo “llegó hasta una de las zonas más alejadas del área rural del municipio para facilitar el regreso de 18 personas que pertenecen a las comunidades del Pacífico nariñense, quienes estaban en poder de este grupo armado ilegal después de enfrentamientos armados en la zona”, informó este domingo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Tras la liberación, la Defensoría y la Personería Municipal verificaron las condiciones de salud de los 18 jóvenes y se estableció la ruta de protección de derechos para estas personas, a la que eventualmente podrán acceder, de acuerdo con el marco normativo nacional, para su posterior traslado y reencuentro con sus familias.
Esta misión se une a otras que en las últimas semanas han adelantado varios organismos y que tiene como fin poner en libertad a personas, algunas de ellas que pertenecen a otros grupos de disidencias, y que responden también a buenos gestos de voluntad de los grupos ante los intentos de paz impulsados por el Gobierno.
A principios de noviembre, otra misión de la Defensoría con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia también permitió la liberación de otros 16 jóvenes en esta misma zona, que supuestamente eran parte de unas disidencias y estaban retenidos por la Segunda Marquetalia.
Asesinato de líderes sociales
En tanto, un total de 46 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados durante el tercer trimestre del año en Colombia, lo que supone un aumento del 64% con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló el Programa Somos Defensores.
Los dos últimos meses de este trimestre, específicamente 54 días, coincidieron con el comienzo del mandato del presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierdas del país, que asumió el pasado 7 de agosto. En este tiempo ocurrieron 25 de los 46 homicidios confirmados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia.
“No podría sacar una conclusión, pero sí podría lanzar la hipótesis de que puede deberse a una reacción al cambio drástico que hubo no solo en el escenario político colombiano sino también en la bancada del partido de Gobierno en el Congreso (el izquierdista Pacto Histórico)”, explicó a EFE la coordinadora del Programa Somos Defensores, Lourdes Castro García.
Estos asesinatos se enmarcan, a su vez, entre las 182 agresiones a 178 defensores y líderes ocurridas entre julio y septiembre, señala el informe, que incluye además 106 amenazas, 20 atentados, 2 desapariciones forzadas, 3 desplazamientos forzados, 4 judicializaciones y 1 detención arbitraria.
“Lo que estamos viviendo ahora es una reconfiguración de las dinámicas del conflicto con distintas variables territoriales”, matizó Castro al tiempo que denunció una falta de “presencia estatal” en forma de educación, sanidad o acceso a la justicia, en las regiones más afectadas.
De todos los liderazgos, el más afectado fue el indígena, con 60 actos violentos, seguido del comunal, el comunitario y el ambiental con 32, 30 y 14 agresiones, respectivamente, en 24 de los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital.
Aunque los departamentos del Cauca, Santander y Valle del Cauca se consolidaron, según el documento, como los más violentos, Somos Defensores alertó especialmente sobre un aumento del 500 %, con respecto al mismo periodo del año anterior, en Santander a causa de las disputas territoriales entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares.
En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) identifica seis conflictos armados en el país: entre el Estado colombiano y el ELN; del Estado contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como Clan del Golfo (principal banda criminal del país), y contra las distintas estructuras post FARC (disidencias).
Los otros tres son entre el ELN y las AGC; entre dos corrientes post FARC: los que no participaron en el acuerdo de paz y la Segunda Marquetalia (uno de los dos grandes grupos de disidencias), y entre disidencias de las FARC y otros grupos emergentes denominados Comandos de la Frontera.