Los haitianos aguardan con esperanza la llegada de una misión multinacional liderada por Kenia que ayude a restaurar la seguridad en el país, en medio de las discrepancias que reinan en el seno del Consejo Presidencial de Transición solo ocho días después de su puesta en marcha.
La violencia de las bandas armadas sigue protagonizando la vida en gran parte de Haití, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, como quedó patente en la madrugada del 1 al 2 de mayo en áreas capitalinas como Solino o Delmas 24.
Ante esta inseguridad, agravada desde finales de febrero pasado, buena parte de la población tiene puestas sus esperanzas en las fuerzas multinacionales, que cuentan con el visto bueno de la ONU y cuyo despliegue, según el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, comenzará el 26 de mayo.
Bahamas es uno de los países que se han comprometido a enviar efectivos a Haití en el marco de la misión, junto a Kenia, Burkina Faso y varios países del Caribe, entre otros Estados.
Conflictos internos en el recién estrenado Consejo de Transición
Fue el 25 de abril cuando se instaló oficialmente el Consejo Presidencial de Transición y cuando juraron sus cargos sus nueve miembros, siete con derecho a voz y voto y dos sin posibilidad de votar, y también cuando se hizo pública una comunicación de Ariel Henry en la que renunciaba al cargo de primer ministro con carácter inmediato.
Este martes, el Consejo nombró como nuevo primer ministro al extitular de Deportes Fritz Bélizaire (interinamente ejercía las funciones Michel Patrick Boisvert) y también al presidente de esa institución, Edgard Leblanc Fils. Pero sus designaciones no fueron resultado de una votación de los siete miembros de pleno derecho de la entidad, sino solo del grupo mayoritario de la misma.
Según los miembros del grupo minoritario que representan al Acuerdo de Montana, al partido Fanmi Lavalas y al sector empresarial privado, los nombramientos violan el acuerdo alcanzado en abril pasado, no se hicieron de forma transparente ni conforme a las reglas predefinidas.
Fueron los movimientos Pitit Dessalines, EDE/RED/Compromiso Histórico, Colectivo del 30 de enero y el Acuerdo del 21 de diciembre los que designaron, sin votación, a Leblanc Fils y Bélizaire. Ahora estas cuatro entidades se agrupan en el llamado Bloque Mayoritario Indisoluble.
Ello ha generado unos conflictos internos que ponen en peligro la supervivencia del flamante Consejo de Transición, lo que ha llevado una vez más a la Comunidad del Caribe (Caricom) a intervenir y a sentar a los protagonistas en la mesa de negociaciones.
Pero la reunión entre el Consejo y la Caricom, prevista inicialmente para el 1 de mayo y trasladada al día 2, no dio resultado debido a la ausencia de los tres miembros minoritarios.
Así, el Consejo ha quedado dividido en dos bloques con un contrapeso de poder -el grupo mayoritario con 4 de 7 votos y el minoritario con 3- lo que está provocando desacuerdos, tensiones, maniobras políticas y negociaciones entre bastidores, lejos de las prescripciones del acuerdo del 3 de abril que contemplaba un proceso participativo.
El jueves pasado, el grupo minoritario propuso al mayoritario que las decisiones importantes se tomen por una mayoría de 5 de los 7 miembros con derecho a voto, y no por 4/7.
El grupo minoritario afirma que acepta el nombramiento de Leblanc Fils como presidente de la entidad, pero defiende que las grandes decisiones vinculantes para la nación -la designación del primer ministro, la formación del Gobierno, la constitución del Consejo Electoral Provisional y el nombramiento de los directores generales- deben ser tomadas por 5 de 7 consejeros.
Incluso, el Acuerdo de Montana ha propuesto una presidencia rotatoria del Consejo durante un periodo de siete meses, algo que contraviene lo establecido en el acuerdo y en el documento marco de creación del Consejo Presidencial de Transición.
Dado que se prevé que haya un jefe de Estado elegido en las urnas para el 7 de febrero de 2026 (una de las principales tareas del Consejo es la celebración de comicios), ello posibilitaría que tres de los miembros con derecho a voto ocuparan la presidencia de la institución.