Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, le pidió este lunes al nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que “revise el expediente” de su madre para que se le “restituyan” sus derechos y garantías constitucionales como exmandataria del país.
Ribera sostuvo este lunes una reunión privada con Callisaya sobre las condiciones de reclusión de su madre, quien está detenida desde marzo de 2021 en una cárcel en la ciudad de La Paz, por los sucesos durante la crisis de 2019.
“Le he expuesto toda la vulneración de los derechos humanos de mi madre, entre ellos en especial el derecho a que ella tenga un juicio de responsabilidades, porque ella está siendo juzgada por la vía penal pero le corresponde juicio de responsabilidades como exmandataria de Estado y está en la vía ordinaria”, dijo Ribera a medios locales al salir del encuentro.
“Tengo una esperanza como hija de que mi madre pueda defenderse en libertad y eso le dije al defensor, que se le pueda restituir todos sus derechos fundamentales y garantías constitucionales”, añadió.
Asimismo, la hija de Áñez agradeció al defensor la “predisposición” para reunirse con ella y la defensa de la exmandataria y señaló que Callisaya se comprometió a dar seguimiento al caso de su madre.
Ribera también reiteró que seguirá acudiendo “a todas las instancias necesarias en búsqueda de justicia y libertad” para Áñez.
Por su parte, la Defensoría publicó en su cuenta de Twitter que en el “marco de la atención a las demandas de la ciudadanía, el Defensor del Pueblo, @PedroCallisayaA, se reunió con Carolina Ribera, hija de @JeanineAnez, para evaluar la situación del respeto de los #DDHH de su madre, recluida en el Centro de Orientación de Mujeres de Miraflores”.
En junio pasado, Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el llamado “golpe de Estado II”, por la forma en que asumió la Presidencia interina en 2019 tras la renuncia de Evo Morales, su vicepresidente y las demás autoridades en línea de sucesión.
Ese proceso derivó del caso “golpe de Estado I” en el que se le acusa de terrorismo por la crisis de 2019.
La situación de la exmandataria, desde que fue detenida en 2021, ha generado el rechazo, críticas y cuestionamientos de varios organismos nacionales e internacionales que consideraron que a Áñez le corresponde un juicio de responsabilidades y no procesos por la vía ordinaria.