Decenas de seguidores del partido del depuesto expresidente Manuel Zelaya irrumpieron violentamente el jueves al edificio de la Corte Suprema y se llevaron a otro lugar al periodista David Romero, cuando este era juzgado por 41 cargos por difamación y calumnia en un juicio oral y público.
Los enardecidos manifestantes trasladaron de inmediato a Romero a las oficinas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, donde es alojado temporalmente, tras derribar dos portones de hierro y quebrar igual número de puertas de vidrio de las instalaciones del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.
Entre la turba estaban los diputados del Partido de Zelaya, Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, Esdras López y la ex candidata presidencial y esposa del ex mandatario (2006-2009), Xiomara Castro.
“El Gobierno quiere ver en la cárcel a Romero y por eso lo ha arrinconado en un juicio amañado”, dijo Tomé en rueda de prensa.
Otro dirigente de Libre, Rafael Alegría, afirmó que “a Romero se le juzga por algo que no cometió, y porque los jueces solo cumplen órdenes del Gobierno”.
Justificó la acción de sacar al periodista de los tribunales al hecho de impedir que Romero fuese remitido a prisión.
El portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte, aclaró que “es importante decir a la ciudadanía y a las personas que causaron el incidente de sacar a Romero del tribunal que el poder judicial no se va a doblegar, independientemente de la situación de inseguridad que ocurrió hoy, y de las amenazas de muerte recibidas por los jueces de parte de simpatizantes del periodista”. Informó que el juicio continuará la próxima semana bajo fuertes medidas de seguridad.
Romero, director de noticias de la opositora “Globo TV”, dijo a The Associated Press que “la oficina del Comisionado es mi casa por ahora... y aquí estaré hasta que me designen jueces probos para conocer mi caso”.
Denunció que “existe un complot del presidente Juan Orlando Hernández para ponerme tras las rejas por mis fuertes críticas a su administración... y eso no lo tolero”.
El comunicador enfrenta hace seis meses un juicio por calumniar, injuriar y difamar en sus programas noticiosos a la abogada Sonia Gálvez, esposa del fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.
En abril de 2005, un tribunal presidido por Gálvez condenó a Romero a 10 años en prisión por violar durante una década a su hija menor. Un año antes, el Congreso despojó de su inmunidad y del cargo al periodista, quien era diputado por el tradicional Partido Liberal.