Dejar a los militares en tareas de seguridad pública, como promueve el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, “agudizará el desastre” de derechos humanos que atraviesa el país, advirtió ayer martes Human Rights Watch (HRW).
“Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública, mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles, amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”, expresó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, en una videoconferencia.
La postura pública de la organización internacional de derechos humanos se produjo mientras López Obrador promueve un cambio a las leyes mexicanas, que facultaría a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública a largo plazo.
Asimismo, la iniciativa, aprobada el sábado pasado por la Cámara de Diputados, trasladaría el control de la recién creada Guardia Nacional –principal institución civil de seguridad pública del Gobierno federal– a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del Ejército mexicano.
La propuesta presidencial daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil.
“En el pasado, la aplicación de la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la justicia en estos casos”, denunció HRW.
El organismo global también alertó que el presidente de México tendría amplias facultades para desplegar militares en tareas de seguridad pública, lo que contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos..
“El despliegue de militares para tareas de seguridad pública durante los últimos 16 años no ha logrado reducir la violencia en México y ha dado lugar a graves abusos de derechos humanos. Los senadores aún están a tiempo para frenar la militarización. Deberían rechazar esta propuesta”, insistió Taraciuk.
Ayer martes, López Obrador también planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.
El mandatario, quien en campaña estaba en contra de la militarización, admitió que cambió de opinión por la inseguridad que heredó.
Desde el comienzo de su mandato, el 1 de diciembre de 2018, López Obrador no ha conseguido rebajar los niveles de violencia, y el país registró los dos años más violentos de su historia, con 34 mil 681 víctimas de asesinatos en 2019 y 34 mil 554 en 2020.