Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, fue imputado este jueves de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.
El acta de imputación está firmada por David Weiss, el fiscal federal de Delaware, que a mediados de agosto pasado fue nombrado fiscal especial al frente de esas pesquisas por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.
Según el escrito, el 12 de octubre de 2018 o en una fecha cercana a ese día, Hunter compró una pistola, una Colt Cobra de calibre 38, y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor ilícito ni adicto a estimulantes, estupefacientes u otras sustancias controladas.
“Sabía que esa declaración era falsa y ficticia”, apunta el documento, que también reprocha al hijo del mandatario que mintiera sobre sus adicciones en la información que debía quedar registrada en la licencia federal de armas de fuego (FFL, por sus siglas en inglés).
Con un tercer cargo, se acusa también a Hunter Biden de poseer un arma de fuego sabiendo que era ilegal por sus adicciones.
Específicamente, en el certificado que Hunter y otros compradores de armas tienen que rellenar se pregunta al comprador si es “usuario ilegal de, o adicto a la marihuana o cualquier depresivo, estimulante, narcótico o cualquier otra sustancia controlada”.
Se advierte también de que “el uso o posesión de marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, independientemente de si se ha legalizado o despenalizado con fines médicos o de recreo en el estado” en el que esa persona resida.
Ese registro de transacción deja claro que la información proporcionada se utilizará para determinar si la ley Federal o Estatal prohíbe a esa persona recibir un arma de fuego, o si le veta su venta o disposición.
Ciertas violaciones a la Ley de Control de Armas se castigan con hasta 15 años de prisión y/o una multa de hasta 250,000 dólares.
La imputación del gran jurado del distrito de Delaware, firmada por Weiss, no menciona el otro delito por el que también estaba investigado, la declaración irregular de impuestos.
En la vista celebrada el 27 de julio estaba previsto que Hunter se declarara culpable tras llegar a un acuerdo con los fiscales federales, pero el trato acabó desmoronándose después de que la jueza que debe dictar sentencia, Maryellen Noreika, nominada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), expresara dudas sobre el mismo.
En virtud de ese acuerdo, el hijo del presidente, de 53 años de edad, hubiera podido evitar una imputación formal bajo ciertas condiciones, pero tras una vista llena de interrupciones y cambios, Hunter decidió no rubricar el pacto y declararse no culpable.
Los republicanos, liderados por Trump, han utilizado la investigación contra Hunter para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del mandatario como corrupta.
Las pesquisas se abrieron en 2018 durante el mandato de Trump y los conservadores se han apoyado en ellas para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.
Este miércoles, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación de juicio político contra el presidente acusándole precisamente de aprovechar sus vínculos políticos para intervenir en los negocios de su hijo y beneficiarse de ellos, acusaciones refutadas de forma reiterada por la Casa Blanca.