La Asamblea Nacional de Nicaragua ilegalizó este miércoles a 50 fundaciones y asociaciones por “no rendir cuentas” al gobierno del presidente Daniel Ortega, según una ley que les obliga a declararse agentes extranjeros.
La cancelación de las oenegés, aprobada con 75 votos del oficialismo, ocurre porque “no quieren rendir cuentas, no quieren decir de dónde vienen sus fondos, de qué países”, justificó el presidente de la comisión de Defensa y Gobernación, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
Rodríguez reconoció que por primera vez la Asamblea canceló en una misma sesión a 50 organismos no gubernamentales y advirtió que continuarán en esa dinámica contra quienes violen las leyes “con subterfugios y mentiras”. “Eso se acabó”, sentenció.
El Legislativo aprobó a finales de 2020 la denominada ley de Agentes Extranjeros, que obliga a organizaciones y personas civiles que reciben fondos del exterior a registrarse como tal, al tiempo que les prohíbe optar a cargos públicos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se pronunció en sus redes sociales sobre esta medida antes de su aprobación, al señalar que “sin espacio cívico no hay democracia”.
Las iniciativas legislativas ante la Asamblea Nacional para cancelar la personalidad jurídica de otras 50 oenegés “hablan por sí solas”, dijo el organismo.
Entre las entidades canceladas este miércoles están el Instituto Histórico Centroamericanos, dependencia de la Universidad Centroamericana (UCA), el Movimiento de Mujeres de Chinandega y Fundación 10, de interés social que atendía necesidades de sectores desprotegidos.
Asimismo, fue cancelado el programa regional feminista La Corriente, contra la violencia de género, la Academia de Ciencias de Nicaragua, la Asociación de criadores y propietarios de caballos peruanos de paso, entre otros.
Desde 2018,la Asamblea ha cancelado la personalidad jurídica a más de 200 oenegés, en el contexto de la crisis política que vive el país a raíz de las protestas que estallaron ese año.
Ortega, en el poder desde 2007, calificó las manifestaciones que buscaban su dimisión como un intento de golpe de Estado de la oposición, con el apoyo de Estados Unidos.
