Las visitas que solía hacer la infanta Cristina de España a la isla mediterránea de Mallorca significaban estadías lujosas en el Palacio Marivent, en la costa, pero la hermana del rey Felipe VI no se acercará siquiera a la residencia veraniega de la monarquía en un viaje esta semana.
En cambio, la princesa de 50 años y su esposo enfrentarán protestas anti monarquía y hordas de reporteros y camarógrafos cuando ingresen a un tribunal improvisado, donde ella hará historia al convertirse, delante de millones de televidentes, en el primer miembro de la realeza española en enfrentar cargos penales desde la reinstauración de la monarquía en 1975.
Al final de un juicio por fraude fiscal que se espera dure seis meses, la infanta pudiera enfrentar hasta ocho años de prisión si un panel de tres jueces concluye que la pareja usó una firma consultora de bienes raíces descrita en documentos judiciales como "una fachada" para financiar un estilo de vida exuberante, incluso fiestas en su mansión en Barcelona, clases para bailar salsa y vacaciones en hoteles caros.
Esa es la entidad sin fines de lucro que él estableció con un socio de negocios para organizar seminarios y actos deportivos como atracción turística.
Las presuntas maquinaciones involucraron algunos eventos que nunca se realizaron o fueron cobrados a tasas inusualmente elevadas durante el auge económico de España, antes del estallido de la crisis financiera en 2008.
Parte del dinero fue a parar a la compañía de bienes raíces Aizoon que pagó por gastos personales para la pareja: algo que debía haber sido declarado a las autoridades fiscales, pero no lo fue.
Los 18 están acusados de ser "avariciosos en un tiempo en el que eso no era tan mal visto", dijo Ana Romero, reportera de la realeza para la publicación digital El Español.
"Había mucho dinero y este es un país en el que las conexiones son algo muy importante".Hay tantos acusados y abogados, además de reporteros cubriendo el caso, que las autoridades judiciales se vieron forzadas a trasladar el juicio de un tribunal a un complejo en las afueras de Palma de Mallorca usado normalmente para celebrar cursos masivos de entrenamiento para empleados públicos.
