El Gobierno del Reino Unido anunció hoy, lunes 3 de agosto de 2015, más mano dura contra la inmigración ilegal en respuesta a la crisis en Calais (Francia), donde cientos de inmigrantes intentan entrar a diario en el eurotúnel para llegar clandestinamente a Inglaterra.
El ministro de Comunidades, el conservador Greg Clark, adelantó que la próxima ley de Inmigración, que se tramitará tras el receso veraniego, obligará a los caseros a expulsar a los inquilinos que estén en situación irregular.
Según estas medidas, los propietarios de inmuebles tendrán que asegurarse en primera instancia de que no alquilan su propiedad a personas sin derecho a residir en el Reino Unido.
En caso de que los inquilinos pierdan posteriormente su permiso de residencia, les caduque el visado o se les deniegue la petición de asilo, los podrán expulsar de la vivienda, en algunos casos sin autorización judicial.
El ministerio del Interior comunicará a los caseros el nombre de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada y que por tanto no tienen derecho a quedarse en el país, apuntó Clark.
La futura ley de Inmigración, que solo se aplicará en Inglaterra -otras regiones británicas tienen su propia normativa-, penalizará a los caseros que no lleven a cabo las comprobaciones necesarias antes de alquilar su propiedad o que no expulsen a los ilegales. Según los datos adelantados hoy, la sanción puede ser una multa o una pena de prisión de hasta cinco años.
El director de la Asociación nacional de caseros, Richard Lambert, declaró a la BBC que estos nuevos requerimientos "pueden poner a la gente en peligro", pues los inmigrantes podrían oponer resistencia, atrincherarse o defenderse "con todas sus fuerzas". "Debemos pensar bien las consecuencias antes de introducir este tipo de sistemas", afirmó.
También se prevén medidas para castigar a los caseros que exploten a inmigrantes en situación irregular y les alquilen pisos y viviendas en malas condiciones, explicó el ministro del Gobierno de David Cameron.
"Estamos decididos a combatir con fuerza a los caseros que hacen dinero de la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración", aseguró. Añadió que "en el futuro, los caseros tendrán que asegurarse de que sus inquilinos tienen el derecho de permanecer en el paÍs".
Además, el Gobierno ha sometido a consulta una nueva normativa para retirar la ayuda económica que se concede a las familias de solicitantes de asilo fallidos, de las que hay unas 10 mil en Inglaterra.
El Gobierno conservador de Cameron quiere mostrar mano dura contra la inmigración tras recibir presiones por su gestión de la crisis en el puerto de Calais, donde cada día decenas de personas tratan de entrar clandestinamente en el eurotúnel para llegar a Inglaterra. Solo en la pasada noche, la Policía francesa interceptó mil 700 tentativas de entrada en las instalaciones del túnel que une ambos países por debajo del canal de la Mancha, cifra que el pasado lunes se elevó a 2 mil y que se había reducido progresivamente hasta las entre 300 y 400 del fin de semana.
El Ejecutivo francés ha enviado refuerzos policiales para atajar la situación, que provoca retrasos y ha afectado a la economía y los veraneantes británicos, mientras que Londres ha destinado agentes de seguridad y perros y construye una nueva valla para dificultar el acceso.
La crisis en Calais se ha transformado en un asunto muy sensible políticamente en el Reino Unido, cuyo Gobierno conservador ha hecho bandera de la lucha contra la inmigración legal e ilegal.
Presionado por los sectores más reaccionarios del país, incluidos los euroescépticos, Cameron ha prometido proteger las fronteras de la "plaga" de inmigrantes que busca cruzar a suelo británico.
Ayer, domingo, el ministro de Justicia de Suecia, Morgan Johansson, le acusó de "hacer política" con la crisis migratoria en Calais y de usar un lenguaje divisorio y "poco constructivo", y dijo que el Reino Unido no asume toda "su responsabilidad" en la acogida de inmigrantes.
Hungría interceptó a casi 4 mil 500 inmigrantes durante el pasado fin de semana
La policía húngara interceptó a 4 mil 491 inmigrantes durante el pasado fin de semana en las provincias del sur del país, cuando intentaban cruzar la frontera de forma ilegal, informó hoy la policía.
La gran mayoría de los inmigrantes entraron en Hungría desde Serbia en las provincias de Csongrád y Bács-Kiskun, y proceden de países en guerra o con conflictos internos, como Afganistán, Siria o Pakistán.
La policía ha anunciado también que presentará cargos contra 16 individuos por trata de personas y contra otros 13 por falsificación de documentos.
En lo que va del año el número de inmigrantes que llegaron a Hungría supera los 100 mil, una cifra sin precedentes para el país centroeuropeo.
El Gobierno anunció la semana pasada que acelerará la construcción de una valla de 175 kilómetros de largo en la frontera con Serbia y cuyas obras concluirán hacia finales de agosto, según intenciones del gabinete.
Por otra parte, la ONG Amnistía Internacional criticó la semana pasada unas nuevas leyes sobre inmigración, que dificultan la presentación de solicitudes de asilo, y denunció que violan acuerdos internacionales.