El endurecimiento de medidas punitivas contra palestinos implicados en ataques y su entorno son parte clave de la estrategia del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu para aplacar la nueva escalada de violencia en la región, mientras despliega también tropas sobre terreno para reforzar la seguridad.
Tras una primera reunión, el Gabinete de Seguridad israelí se encontró nuevamente para perfilar su plan de actuación ante el repunte de tensión actual.
Entre otras cuestiones, prevé impulsar un proyecto de ley para revocar la residencia de atacantes palestinos de Jerusalén Este ocupado. Serían expulsados a zonas de Cisjordania ocupada bajo autogobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
El Ejecutivo también anunció que aplicará medidas para que se pueda despedir a trabajadores “que han apoyado el terrorismo” sin necesidad de que el despido se valide en una vista judicial.
Tras su primera reunión anoche, el Gabinete de Seguridad anunció que Israel retiraría el derecho a la seguridad social “a los familiares de terroristas que apoyan el terrorismo”, y avanzó un plan para “legislar la revocación de sus documentos de identidad”.
La actual escalada de violencia se disparó el jueves con una incursión militar israelí en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, que se saldó con la muerte de 10 palestinos, varios de ellos milicianos. A ello le siguió el ataque por parte de un palestino el viernes por la noche ante una sinagoga en una colonia israelí de Jerusalén Este ocupado, donde mató a siete israelíes. El sábado por la mañana también hubo otro ataque con arma de fuego por parte de un menor palestino de 13 años que hirió a dos israelíes en la Ciudad Santa.
Ante estos ataques, el Gobierno ha actuado ya para demoler lo antes posible la residencia familiar del atacante palestino del viernes, que murió poco después por disparos de la Policía.
