El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, rechazó este sábado una resolución de la Asamblea General de la ONU que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “opinión consultiva” sobre la ocupación israelí de territorios palestinos, estimando que la iniciativa promueve el antisemitismo.
La resolución de la Asamblea General “es una decisión antiisraelí que presta apoyo a organizaciones terroristas y al movimiento antisemita BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), contraviniendo los principios acordados por la propia ONU”, indicó Cohen en un comunicado.
“Esta decisión no cambiará la situación sobre el terreno, ni nos impedirá seguir luchando contra el terrorismo, proteger a los ciudadanos de Israel y promover los intereses del Estado de Israel”, añadió.
Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén este en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces, mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino.
El conflicto alcanzó este año su pico más letal desde 2006 con 199 muertos: 170 palestinos según el ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina y 29 personas del lado israelí.
Como respuesta a una serie de ataques mortales por parte de palestinos y árabes-israelíes, el Ejército de Israel lanzó a finales de marzo la operación “Romper la ola” en Cisjordania ocupada, principalmente en las regiones de Nablus y Yenín, bastiones de la resistencia palestina.
Se trata de cotidianas redadas, casi siempre nocturnas, que suelen provocar enfrentamientos armados con los milicianos y que se saldan con muertes -incuso de civiles- y detenciones de palestinos “sospechosos de terrorismo”.
Por otro lado, siguen creciendo los asentamientos judíos en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional, mientras los colonos acosan, agreden y desplazan a los habitantes palestinos, muchas veces con la connivencia de las fuerzas israelíes.
La iniciativa de la ONU “representa otro error cometido por los dirigentes palestinos, que llevan años apoyando e incitando al terrorismo (...) y promueven esfuerzos inútiles para perjudicar a Israel”, estimó Cohen, quien prometió mitigar lo que considera una “campaña de deslegitimación que se libra contra Israel”.
La iniciativa de la ONU, promovida por el gobierno palestino, fue aprobada el viernes por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, y solicita al máximo tribunal de Naciones Unidas que se pronuncie sobre el conflicto de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU.
También pide que se investiguen las medidas israelíes encaminadas a alterar la composición demográfica y el status de Jerusalén, y exige a Israel no aplicar leyes y medidas “discriminatorias”.
Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Canadá, Alemania e Italia votaron en contra de la resolución.
Cohen agradeció a los países que no apoyaron la resolución, en especial a Estados Unidos: “Estos países comprenden -al igual que nosotros- que la resolución palestina no aporta una solución al conflicto, y sólo conducirá a la radicalización y la escalada sobre el terreno”.
Los palestinos, que defienden su derecho a la libre determinación, independencia y el retorno de sus refugiados, tienen estatuto de Estado observador pero no de miembro en la ONU.
Las sentencias de la CIJ son vinculantes e influyen en la opinión pública, pero carece de mecanismos para implementar medidas.
La última vez que el tribunal emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación.