La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) denunció este lunes en uno de sus editoriales que “la represión” es “la solución definitiva” en El Salvador a “los problemas estructurales”, en un momento en el que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha recibido críticas -entre otras situaciones- por la detención de defensores de derechos humanos, críticos de su Administración.
La UCA señaló que “en el país, se ha intensificado la imposición de un discurso centrado en la disciplina, la obediencia y el control como pilares del orden público, desplazando así el debate y las políticas estatales para garantizar derechos como la educación, la salud y la seguridad social”.
“El miedo, el encarcelamiento y la militarización son presentados como soluciones definitivas a los problemas estructurales. En síntesis, bajo el paradigma gubernamental, la represión es la medicina definitiva”, apuntó.
De acuerdo con la casa de estudios superiores, “esta visión punitiva y represiva ignora las raíces estructurales de la violencia y la exclusión: la pobreza persistente, la desigualdad, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la precariedad de los servicios públicos”.
La universidad consideró que “urge recuperar una visión ética y humanista del Estado, que ponga en el centro la dignidad de las personas, no su sometimiento, que evite que autoridades sin competencia técnica tomen decisiones que afectan las vidas de las mayorías, que rompa con la costumbre gubernamental de actuar en contra de las normativas nacionales e internacionales”.
El Gobierno de Bukele ha recibido recientemente críticas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración. Además, por una reforma constitucional, aprobada y ratificada de manera exprés por el Congreso salvadoreño de mayoría oficialista, que avala en El Salvador la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato.
La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), criticaron la reforma al considerar que erosiona la democracia del país para perpetuar a Bukele en el poder, comparando la situación con la de Nicaragua o Venezuela.
Asimismo, el Ejecutivo estuvo en la polémica por aceptar un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos por supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, ha llegado al nivel que analistas y organizaciones consideran que estos países han violado derechos humanos de manera conjunta.
Así, la organización Cristosal apuntó recientemente que “en este escenario se ubican dos Estados actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas”. EFE
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