Un juez salvadoreño ordenó este miércoles la detención preventiva del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informó la Fiscalía.
Sánchez Cerén se encuentra ausente por lo que el juez “ha resuelto librar oficio a Interpol” para que sea localizado y puesto a disposición de la justicia, declaró la fiscal Marisela Velásquez.
Además del exmandatario, el juez solicitó la captura de nueve exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-20014) por los mismos delitos, cuatro de los cuales también se encuentran ausentes, por los que también cursó por ellos un pedido a Interpol.
Se trata de los exministros Lina Pohl (Medio Ambiente), Manuel Melgar (Justicia y Seguridad), Gerson Martínez (Obras Públicas) y José Guillermo López( Agricultura).
Los otros cinco -los exministros Cárlos Cáceres (Hacienda), Violeta Menjívar (Salud); y los exviceministros Calixto Mejía (Trabajo), Erlinda Handal (Tecnología) y Hugo Flores (Agricultura)- fueron detenidos el 22 de julio.
“El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes, y su resolución fue decretar detención provisional para las diez personas procesadas”, dijo a la prensa la fiscal.
Los ilícitos habrían sido cometidos en el primer gobierno de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que encabezó Mauricio Funes, de quien Sánchez Cerén fue vicepresidente.
Según Velásquez, el juez determinó que “existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y activos”.
La detención provisional es por el período de seis meses mientras la Fiscalía aporta las pruebas incriminatorias y se depura el proceso que se inició el pasado jueves.
Los acusados “contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño”, dijo entonces el fiscal general Rodolfo Delgado.
“El dinero era entregado en casa presidencial (...) en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública”, explicó.
Delgado dijo que la investigación se inició en 2019 y es “una derivación” del caso denominado “Saqueo Público” de 2009-2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80.8 millones de dólares para un período de cinco años en concepto de “gastos reservados” de la presidencia.
Lo defraudado al final del período ascendió a 351 millones de dólares por las transferencias de fondos que fueron autorizados por el ministerio de Hacienda, sin la debida autorización del Congreso.
El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, rechazó este miércoles la resolución del juez y lamentó que “se cerraron las posibilidades de desmontar la estructura de pruebas que desde el inicio se presentaron con una serie de irregularidades”.
