La jueza Aileen Cannon, a cargo del caso de mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente y precandidato republicano Donald Trump, examinó este lunes una petición de los fiscales en la que piden que se prohíba a éste hacer comentarios que puedan poner en riesgo la vida de los agentes del FBI que registraron su propiedad en Mar-a-Lago.
El fiscal especial Jack Smith pidió a Cannon, nominada por Trump en 2020, que dictara una “orden mordaza limitada”, después de que el exgobernante afirmara, según la Fiscalía especial, que los agentes que registraron su casa de Palm Beach en busca de documentos clasificados ponían en peligro a él y a su familia y tenía orden de responder violentamente si era necesario.
Los agentes que llevaron a cabo el registro en su residencia de Mar-a-Lago lo hicieron en momentos en que Trump y su familia se encontraban fuera de Florida.
En un correo electrónico para recaudar fondos, Trump señaló que los agentes del FBI que registraron su casa de Mar-a-Lago en busca de documentos estaban “simplemente ansiosos por hacer lo impensable”, en referencia al uso de la fuerza, algo que no excede un protocolo normal en un registro.
Los abogados de Trump (2017-2020) dicen que cualquier orden mordaza silenciaría indebidamente a su defendido en medio de una campaña presidencial en la que es el precandidato republicano.
Se desconoce todavía cuándo podría pronunciarse Cannon sobre este punto, tras escuchar los argumentos que son parte de una audiencia de tres días que comenzó el viernes pasado para abordar varias de las cuestiones legales sin resolver que se han acumulado en este caso.
En mayo pasado, la jueza Cannon aplazó indefinidamente la fecha del juicio contra Trump en Florida por el mal manejo de documentos confidenciales hallados en su club Mar-a-Lago, de Palm Beach (Florida) tras abandonar la Casa Blanca.
Una medida que prácticamente garantiza que el juicio no tenga lugar antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo, en las que se enfrentará al presidente, Joe Biden.
La jueza federal Cannon analizó el viernes pasado una petición de la defensa de Trump para desechar la acusación de mal manejo de documentos con el argumento de que el fiscal especial que la presentó, Jack Smith, fue designado ilegalmente.
El equipo de defensa de Trump sostuvo que el fiscal general de Estados Unidos (EU), Merrick Garland, carecía de autoridad legal para el nombramiento de Smith como fiscal especial a cargo del proceso.
El jueves pasado trascendió que Cannon rechazó el pedido de dos jueces federales de renunciar a presidir el caso, según informó ese día el periódico The New York Times.
En el mismo caso, el precandidato republicano enfrenta cargos de obstrucción y de retención deliberada de documentos oficiales relacionados con la Seguridad de EU, los cuales son punibles con hasta 20 años de cárcel.