El Tribunal Constitucional español suspendió este martes 20 de abril algunos artículos de una ley regional de salud aprobada en Galicia (noroeste) que obligaba a sus habitantes a vacunarse contra la Covid-19, indicaron fuentes judiciales.
La suspensión, de carácter cautelar, se produce a instancias de un recurso del gobierno español contra esta ley que preveía multas de hasta 3.000 euros (3.600 dólares) para quienes rechazaran injustificadamente vacunarse ante el coronavirus.
Según indicaron fuentes jurídicas, el recurso fue admitido a trámite y se suspendió la aplicación de los preceptos impugnados por el ejecutivo central, quien veía una “limitación de derechos fundamentales” en algunos puntos de esa ley.
Los magistrados disponen ahora de cinco meses para estudiar el caso y dictar sentencia definitiva, plazo durante el cual se mantendrá la suspensión cautelar.
En España, como en la mayoría de países europeos, la vacunación no es obligatoria.
El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez quiere inmunizar a un 70% de la población antes de finales de agosto.
Hasta ahora, solo un 7.2% (3.4 millones de personas) de sus 47 millones de habitantes recibieron la pauta de vacunación completa, mientras que el número con al menos una dosis se eleva a 9.4 millones, de acuerdo con los datos del ministerio de Sanidad.
