El Poder Judicial de Perú resolvió mantener la acusación por lavado de activos contra la líder opositora Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilícitos de su partido, Fuerza Popular, durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En una sesión virtual, el juez Víctor Zúñiga declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Fujimori, que solicitó archivar la acusación en su contra por lavado de activos en el caso “Cócteles”, por el que la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) afronta un pedido fiscal de más de 30 años de cárcel.
El recurso, presentado durante las audiencias de control de la acusación, previas al inicio del juicio oral, alegaba que los hechos que se atribuyen a la tres veces candidata presidencial y a otros siete implicados no configuran delito de lavado de activos.
En ese sentido, los abogados de la cúpula de Fuerza Popular sustentaron que, hasta la fecha, no se ha acreditado que los aportes de empresas privadas a las campañas electorales de Fujimori fueran de origen ilícito y defendieron que no se trataría de un delito de lavado de activos porque este requiere que antes se haya cometido otro delito que genere una ganancia.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, por su parte, rechazó los argumentos de la defensa e insistió en que el fraude sí existió y que dinero ilícito fue entregado al fujimorismo para ser lavado en las campañas electorales.
Tras escuchar las intervenciones de las partes, el juez señaló que los delitos vinculados a la administración fraudulenta de empresas sí pueden ser considerados fuente de lavado de activos y relató hechos imputados por la Fiscalía, entre ellos el aporte de 3,65 millones de dólares entregados por Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, a la campaña de 2011, reconocidos por el propio presidente de esta institución, Dionisio Romero.