El migrante Kilmar Ábrego García, quien fue deportado ilegalmente a El Salvador por parte de la Administración de Donald Trump, denunció haber sufrido torturas durante su estancia en la megacárcel del país centroamericano construida para pandilleros, según consta en documentos judiciales revelados este jueves.
Ábrego García, de nacionalidad salvadoreña, sufrió palizas severas, privación del sueño y desnutrición, entre otras formas de tortura de manos de sus carceleros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), detallaron sus abogados en un escrito ante un tribunal de Maryland.
Esta es la primera vez que Ábrego García da detalles de su experiencia en el Cecot, donde fue enviado en marzo pasado junto a un grupo de migrantes venezolanos y salvadoreños a pesar de que contaba con una orden de un juez estadounidense que lo protegía de ser deportado de Estados Unidos.
Esta macroprisión fue inaugurada por el Gobierno de Nayib Bukele para encerrar a pandilleros.
Aunque activistas denuncian violaciones a los derechos humanos en esas instalaciones, existen pocos testimonios directos de lo que allí ocurre.
Según el relato de Ábrego García, dado a conocer por sus letrados, él y otros migrantes “fueron obligados a arrodillarse” durante nueve horas y los guardias golpeaban a cualquiera que caía por el cansancio.
Los detenidos estaban confinados en una celda con luces prendidas las 24 horas del día y se amontonaban en literas metálicas sin colchones.
Ábrego García perdió 14 kilos durante las dos semanas en las que estuvo recluido en el Cecot, antes de ser enviado a otra prisión salvadoreña en medio de la fuerte presión mediática que su caso generó en Estados Unidos.
A pesar de que el Tribunal Supremo ordenó su regreso a territorio estadounidense, la Administración de Trump y el Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele se negaron durante meses a facilitar su retorno hasta que en junio fue imputado en Tennessee por cargos de tráfico de personas.
Ábrego García se encuentra actualmente detenido en una prisión de Nashville. Se ha declarado inocente y su defensa alega que está siendo perseguido por el Gobierno de Estados Unidos para justificar el error que se cometió con su deportación a El Salvador.
A pesar de que una jueza de Tennessee ordenó su liberación mientras dura su proceso judicial, la defensa solició que permanezca bajo custodia federal, dado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pretende arrestarlo y deportarlo a un país distinto de El Salvador cuando salga.
