La activista venezolana Rocío San Miguel, detenida el pasado 9 de febrero, recibió la visita de su hija Miranda Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -donde se encuentra encarcelada-, después de que las autoridades autorizaran el encuentro familiar, el primero desde que fue llevada a los calabozos.
Según el testimonio de la hija, hecho público por el abogado Joel García a través de la red social X, San Miguel se encuentra “fortalecida y muy confiada de su inocencia”.
Esta es la primera vez que alguien del entorno de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, constata su estado, luego de más de una semana de su detención, lapso en el que la defensa denunció su “desaparición forzada” y la celebración de su audiencia de presentación sin la presencia de sus abogados.
San Miguel denunció, según dijo García, que “no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza”.
Además, insistió en que “no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan” tanto a ella como a sus cinco allegados detenidos luego de su aprehensión, cuatro de ellos liberados el pasado 13 de febrero con medidas que incluyen la “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”.
San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que niega que en la detención se haya configurado una “desaparición forzada”.
Es acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Además de la activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una expareja, quien sigue detenido, y dos de sus hermanos, su hija y el padre de esta, que ya fueron excarcelados.