La Administración de Estados Unidos se ha opuesto este viernes a brindar información a la Justicia sobre el paradero de Kilmar Abrego, un ciudadano de Maryland deportado hace unas semanas a El Salvador por un “error administrativo” y quien tendrá que ser devuelto a Estados Unidos por orden del Tribunal Supremo.
La fiscal federal de Maryland Paula Xinis, responsable de la causa judicial en contra de la Administración por el error que culminó con la deportación de Abrego, ha celebrado una audiencia en la que ha interrogado a los abogados del Gobierno para obtener información de la ubicación exacta del hombre.
“Estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está (Abrego)?”, ha declarado Xinis al inicio de la audiencia, a lo que el abogado que defiende los intereses del Departamento de Justicia, Drew Ensign, ha evitado pronunciarse y ha respondido que la Administración no le ha brindado esta información.
En este punto, la jueza Xinis ha concluido que, a día de hoy, “no hay pruebas” del paradero de Abrego, lo que considera “sumamente preocupante”, y ha ordenado a la Administración brindar informaciones diarias sobre las acciones concretas que está llevando a cabo para garantizar el regreso de Abrego al país.
Xinis ha exigido que las actualizaciones se envíen a través de una declaración jurada por parte de una persona con conocimiento de la causa, que además deberá responder a una serie de preguntas formuladas por la magistrada y que van desde la ubicación física actual de Abrego, hasta el estado de su custodia, entre otros.
“Espero que cumplan de buena fe”, ha espetado Xinis a Ensig, añadiendo que incluso si la respuesta de la Administración va a ser que desconoce la ubicación exacta de Abrego, ella quiere tener todos los días una actualización de la situación pues considera “importante dejar constancia en un caso de esta naturaleza”.
Abrego fue deportado a mediados del pasado mes de marzo pese a que un juez le otorgó en 2019 el estatus de protección temporal tras huir de El Salvador por la violencia de las pandillas. La Administración reconoció haberlo deportado por error, pero argumentó que carece de jurisdicción para repatriarle.
La jueza Xinis ordenó la semana pasada la repatriación de Abrego, si bien la Administración Trump recurrió al Supremo para que bloqueara la orden. La magistrada había convocado esta audiencia sobre el caso, y la Administración había tratado de posponerla sin éxito.
