La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) exigió el viernes a Nicaragua una respuesta antes del 24 de septiembre sobre su petición de visita de una delegación para conocer las condiciones de detención de opositores presos en el país.
“Este Tribunal manifiesta su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua, previa anuencia del Estado, a fin de verificar la situación de las personas detenidas”, señala la resolución de la entidad, con sede en San José, Costa Rica.
“En caso que el Estado esté anuente, deberá comunicarlo a más tardar el 24 de septiembre”, agrega la resolución.
Según la documentación, la delegación estará compuesta por al menos un juez de la Corte-IDH, quien inspeccionaría el estado de salud de los dirigentes opositores que han sido encarcelados en el complejo Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”.
Los opositores han sido acusados por supuestos delitos de conspiración, lavado de dinero, portación ilegal de armas, entre otros.
Un total de 36 opositores, incluidos siete precandidatos a la elección presidencial del día 7 de noviembre, fueron arrestados. La mayoría están en la cárcel mientras algunos están en detención domiciliaria.
El presidente Daniel Ortega, en el poder por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde hace 14 años, será candidato para un cuarto mandato consecutivo.
La solicitud de la Corte-IDH es parte de una serie de requerimientos incluidos en la resolución a favor de los detenidos y sus familias, luego de la audiencia virtual de la Corte el 27 de agosto, en la cual no se presentó ningún representante del Estado de Nicaragua.
El pasado 24 de junio, la Corte-IDH ya había emitido una resolución pidiendo liberar a Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera; sin embargo, Nicaragua desoyó dicha medida.
“El Tribunal considera, primero, requerir nuevamente al Estado de Nicaragua para que proceda de manera inmediata a la liberación de los señores Chamorro García, Aguerri Chamorro, Maradiaga Blandón y de la señora Granera Padilla, y para que adopte las medidas necesarias para proteger sus vidas, libertad e integridad personal y la de sus núcleos familiares”, dice la Corte.
“Y segundo, requerir al Estado para que, mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación, proceda a informar de forma inequívoca a los familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a permitir su contacto inmediato con familiares y abogados, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios”, añade.
