La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ratificó este sábado la condena de seis años y medio de cárcel contra Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional que fue arrestado el viernes por un delito de corrupción.
Pretelt fue detenido en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, para que cumpla la condena por el delito de concusión por haber pedido un soborno durante el trámite de una acción de tutela (recurso de amparo), hechos ocurridos en octubre de 2013.
La Sala de Casación Penal del máximo tribunal informó en un comunicado que “quedó probado” que el entonces magistrado solicitó a Víctor Pacheco, abogado de una compañía petrolera, un soborno para “sacar ‘airosa’ una acción de tutela”.
La decisión de la Corte Suprema ratifica la pena de prisión en centro carcelario pero “modifica la pena de multa” y “reduce la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días”.
Según la Corte Suprema, Pretelt incurrió en el delito de concusión, puesto que, con abuso de su cargo, “realizó solicitud indebida para visibilizar un resultado positivo en el trámite de resolución de acción de tutela”.
El exmagistrado Pretelt fue acusado por Pacheco en 2016 de haberle pedido 500 millones de pesos (unos 110,000 dólares de hoy) a la compañía Fidupetrol durante el trámite de una acción de tutela ante la Corte Constitucional, por lo cual fue suspendido de su cargo dos años después por el Congreso.
Con la acción de tutela, la empresa buscaba dejar sin vigencia un fallo de la Corte Suprema que la había condenado a pagar más de 22,500 millones de pesos (unos 4.9 millones de dólares de hoy) por malos manejos de regalías petroleras del departamento de Casanare (este).
Entre 2009 y 2016, Pretelt fue magistrado de la Corte Constitucional y ocupó la presidencia de ese tribunal entre febrero de 2015 y el mismo mes de 2016, año en el que tuvo que renunciar al destaparse el escándalo.
Pretelt también es investigado por la presunta recepción de sobornos de la compañía Recaudos & Tributos, del grupo de Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II, que durante más de diez años tuvo la concesión para cobrar los impuestos de la ciudad colombiana de Santa Marta (norte).
Según la Fiscalía, Pretelt recibió “una suma elevada de dinero” para favorecer a la empresa en un proceso judicial.