La Corte Suprema de Brasil autorizó este viernes a la Policía Federal tomar una nueva declaración al expresidente Jair Bolsonaro sobre la supuesta trama golpista urdida por aliados y algunos militares para mantenerlo en el poder tras perder las elecciones.
La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, responsable en el tribunal de las investigaciones sobre el intento de golpe del 8 de enero, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes de los tres poderes de la Nación para forzar el derrocamiento del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
El nuevo interrogatorio al líder ultraderechista, con fecha aún por determinar, se enmarca dentro de un desdoblamiento del caso que tiene como protagonista al senador Marcos do Val, quien en la víspera fue objeto de un operativo policial que registró sus oficinas en la Cámara alta, así como sus residencias.
Las autoridades ya investigaban al senador desde febrero pasado, cuando denunció una rocambolesca trama golpista, que en realidad fue interpretada como un intento de descalificar al propio juez De Moraes y de la que dio diversas versiones en los medios de comunicación.
El fallo de De Moraes también coincide con la divulgación en la revista Veja de una serie de mensajes hallados en el teléfono del teniente coronel Mauro Cid, antiguo ayudante de Bolsonaro, y en los que se refuerza la tesis de que el entorno más cercano al exgobernante conspiró para anular la victoria electoral de Lula.
Esos planes, según esos mensajes, culminarían con una “declaración de estado de sitio” y las Fuerzas Armadas respaldando a Bolsonaro, quien los convocaría a actuar como “moderadores” en un supuesto conflicto de poderes.
Bolsonaro ya consta como investigado por los hechos del 8 de enero, día en el que se encontraba en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de terminar su mandato y de que asumiera el poder Lula, y donde permaneció hasta el pasado 30 de marzo.
Desde entonces, el ex jefe de Estado ha declarado ante la Policía hasta en tres ocasiones por diferentes causas judiciales, entre ellas por la asonada golpista de enero.
El líder ultraderechista, que gobernó entre 2019 y 2022, fue interrogado el pasado 26 de abril y en aquella ocasión negó cualquier tipo de responsabilidad en la intentona golpista, en la que también están siendo investigados algunos militares.
También prestó declaración por el ingreso irregular al país de un conjunto de joyas que le regaló el Gobierno de Arabia Saudí y por su presunta participación en una red ilícita para falsificar certificados de vacunación contra la covid-19.