La familia de la ambientalista hondureña Berta Cáceres reprochó que se siga esquivando el ejercicio de la justicia después de que este viernes se reprogramara la lectura de la sentencia contra tres hondureños por irregularidades en la concesión de una hidroeléctrica a la que se oponía la activista asesinada, un caso en el que el fallo condenatorio demuestra la corrupción y la ilegalidad del proyecto.
Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la ambientalista, indicó este viernes a EFE que el fallo de culpabilidad “solo ratifica lo que nuestra compañera Berta Cáceres denunció en todo momento durante la lucha contra este proyecto ilegal y criminal”.
La hidroeléctrica Agua Zarca es un “proyecto corrupto, basado en ilegalidades y un proyecto que lamentablemente tuvo todas las venias del Estado para lograr materializarse en contra de la voluntad de la comunidad de río blanco”, subrayó.
La declaratoria de culpabilidad por este caso, denominado ‘Fraude sobre el Gualcarque’, “es algo positivo”, pues ratifica que esas tres personas “son criminales y forman parte de estructuras económicas y políticas beneficiadas por el propio Estado de Honduras”, destacó Zúñiga Cáceres.
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuya coordinadora es Zúñiga Cáceres, se concentraron este viernes ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, donde se iba a leer la sentencia contra tres de los seis acusados por la concesión de la hidroeléctrica.
Reprochable aplazar la lectura de la sentencia
El pasado 3 de mayo, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo, por fraude, y a Raúl Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
Sin embargo, para decepción de la familia y activistas, el juzgado en Tegucigalpa reprogramó para el 2 de agosto la lectura de sentencia que se esperaba este viernes, debido a que “no se presentó la mayoría de los defensores de los imputados”, dijo a EFE la portavoz del Tribunal, Bárbara Castillo.
Sobre ese aplazamiento, Zúñiga Cáceres dijo no sentirse sorprendida, pero considera que es “algo reprochable y condenable el seguir esquivando el ejercicio de la Justicia, obstaculizando y violando nuestro derecho al acceso a la justicia”.
Roberto David fue condenado en 2022 a 22 años y 6 meses de prisión por la muerte de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando el acusado era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Cáceres, galardonada en 2015 con el Premio Goldman, fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte.
Concesión sigue vigente
La concesión del proyecto hidroeléctrico “lamentablemente sigue vigente”, lo cual vulnera los derechos de los integrantes del pueblo lenca, denunció Zúñiga Cáceres, quien considera que en este caso hace falta procesar a otras personas que participaron en “acciones ilegales”.
Aseguró que tanto la familia de la ambientalista como el COPINH continuarán “escalando las responsabilidades de estos autores intelectuales del crimen, pero también del grupo económico que se benefició de este proyecto extractivista que dañaba el río Gualcarque y sobre los que tampoco hay acciones penales”.
Pese a que ocho personas han sido condenadas por el asesinato de Berta Cáceres, su hija asegura que la familia y el COPINH “no estamos satisfechos”, pues su lucha es que sean condenadas “las personas que pagaron y ordenaron por el crimen, y esas personas no están en la prisión, lamentablemente”.
“Vamos a seguir luchando por la justicia integral para nuestra compañera Berta Cáceres”, enfatizó su hija, quien indicó que Honduras es uno de los países más peligrosos para los ambientalistas debido a que allí hay “estructuras criminales que están legalizadas y que responden a grandes intereses económicos”.