La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos.
La fiscal neoyorquina Letitia James dijo que Trump cometió “fraude fiscal” entre 2011 y 2021 y que el Estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro, indicó en su Twitter.
Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) September 21, 2022
There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans.
“Hallamos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales. Esas declaraciones se usaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguros”, explicó.
La fiscal detalló en una nota de prensa que Trump se ayudó de sus hijos Donald Jr., Eric, Ivanka y altos ejecutivos de su empresa para “inflar y desinflar ilegalmente su patrimonio neto en miles de millones (de dólares)” con el fin de enriquecerse y “mentir al sistema”.
La empresa familiar del exmandatario supuestamente indujo de esa manera a los bancos a prestarle dinero en condiciones más favorables de las que hubiera logrado, y a las aseguradoras a darle mayor cobertura por cuotas más bajas, además de hacerse con ventajas fiscales, de acuerdo con la nota.
Las acusaciones, que James llevó al Tribunal Supremo del estado, son resultado de una amplia investigación por la vía civil que se ha alargado tres años, con una batalla legal en la que Trump ha intentado obstaculizar y retrasar los requerimientos de declaración o entrega de documentos.
A principios de agosto, se presentó ante la fiscal para testificar en esta cuestión por orden de un juez pero se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a un investigado guardar silencio para evitar incriminarse a sí mismo.
Aparte de interponer la demanda, la fiscal ha recomendado abrir diligencias penales al Departamento de Justicia y al servicio federal de recaudación de impuestos, lo que parece ensombrecer las perspectivas de un retorno político para Trump, que podría aspirar a una nueva candidatura presidencial en 2024.