La Fiscalía brasileña homologó este viernes los primeros diez acuerdos de no persecución penal con imputados por incitación de la intentona golpista del 8 de enero, que se comprometieron a confesar sus crímenes y pagar multas a cambio de beneficios judiciales.
Mediante el acuerdo de colaboración judicial, los imputados “confiesan que cometieron los crímenes y se comprometen a cumplir obligaciones como la prestación de servicios a la comunidad, al pago de multas y a asistir a cursos sobre democracia, así como a mantener bloqueadas sus cuentas en redes sociales”, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado.
El órgano acusador, por su parte, se compromete a suspender el proceso penal hasta que los imputados cumplan totalmente las cláusulas del acuerdo, aunque puede solicitarle a la Justicia que les abra un juicio en caso de rescisión o incumplimiento del acuerdo.
De acuerdo con la entidad, el beneficio es ofrecido a personas imputadas por crímenes con penas que no superen los cuatro años de reclusión, por lo que cobija principalmente a los acusados de incitación al golpe y no a quienes participaron directamente en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
La Fiscalía aclaró que los acuerdos de colaboración judicial suspenden tan solo los procesos penales en la Corte Suprema y “no tienen efectos sobre eventuales acciones en las esferas civil, administrativa o de improbidad”.
La Fiscalía agregó que 301 de los 1,125 acusados por crímenes menores ya manifestaron interés en firmar acuerdos de colaboración judicial.
El total de activistas de ultraderecha imputados por la intentona golpista es de 1,390, de los que 265 están acusados de crímenes más graves y no pueden acogerse al acuerdo.
Los posibles beneficiarios son los que participaron en un campamento frente a la sede del Ministerio de Defensa para solicitar una intervención militar y contra los que no hay pruebas de que se sumaron a la turba que invadió la sede de los tres poderes para presionar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que se negaban a aceptar la victoria de Lula en las elecciones presidenciales del año pasado y que participaron en los actos antidemocráticos y vandálicos del 8 de enero comenzaron a ser juzgados la semana pasada por la Corte Suprema.
Se trata de imputados acusados de crímenes más graves, como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, asociación para delinquir y depredación del patrimonio público.
La Corte Suprema de Brasil condenó la semana pasada a penas de entre 14 y 17 años de cárcel a los tres primeros imputados por el asalto a las sedes de los tres poderes.