La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a una corte que sea detenido nuevamente el periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo preso casi un año por el régimen de excepción vigente desde 2022 y que señaló arbitrariedades en su contra.
La APES indicó que el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó realizar, a petición de la Fiscalía, una audiencia para revisar la libertad condicional otorgada a Barahona.
“La APES condena la actuación del Tribunal y de la FGR y considera que es un acto que busca silenciar al periodista Victor Barahona, quien hace dos semanas hizo públicas las vulneraciones de derechos humanos de las cuáles fue víctima al interior de los penales”, apunto la organización.
Indicó que la Fiscalía pidió la revisión bajo el argumento de que “han variado las circunstancias por las cuales se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención provisional”.
Señaló también que Barahona “recibió cita para la referida audiencia a través de un escrito que no contiene el nombre del juez, ni la hora de elaboración del escrito, ni el tipo de diligencia, ni la firma o sello del Tribunal convocante”, con lo que “ese tipo de procesos contiene vicios y no respeta el debido proceso”.
“Como APES condenamos enérgicamente las acciones cobardes e intimidatorias utilizadas desde las entidades del Estado que buscan criminalizar cualquier voz crítica, en lugar de reparar los daños físicos y psicoemocionales que el periodista Víctor Barahona enfrentó”, subrayó.
Pidió “respetar el debido proceso y que se respeten las garantías constitucionales de Víctor Barahona”, además llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que “se dicten medidas cautelares a favor de Víctor Barahona”.
El pasado 11 de julio, la APES denunció públicamente la detención arbitraria de Barahona, quien estuvo preso por más 11 meses y que habría sufrido torturas.
Agregó que “durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica” en diversas prisiones.
El Congreso salvadoreño, por solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó dicho régimen en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, en el que las organizaciones humanitarias han denunciado al menos 5,490 detenciones arbitrarias de personas sin relación con estas bandas.