La Justicia de Estados Unidos ordenó este miércoles -en fallos distintos- la liberación de Kilmar Ábrego García, quien pasó meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí “por error”, y prohibió que las autoridades migratorias lo detengan inmediatamente después de que sea excarcelado.
Ábrego García fue traído de vuelta a Estados Unidos el pasado junio, en medio de una batalla en la que el Gobierno de Donald Trump evadió las órdenes de los tribunales que le pedían “facilitar” el regreso del migrante.
El salvadoreño, quien ha vivido por más de una década en Maryland junto a su esposa e hijos, está actualmente detenido en Nashville, Tennessee, adonde el Gobierno lo llevó para que enfrentara cargos por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de Estados Unidos.
El juez distrital en este estado sureño Waverly Crenshaw emitió este miércoles la orden pidiendo que Ábrego salga de custodia criminal argumentando que el Ejecutivo no pudo demostrar que es un “peligro para la comunidad”.
Un tribunal en mayor instancia matizó esta decisión y ordenó que la liberación se postergara por un mes más, a petición de los abogados de Ábrego, quienes han expresado preocupación ante el interés del Gobierno de expulsar al migrante de forma expedita de Estados Unidos.
En paralelo, en Maryland, el estado donde Ábrego residió hasta que las autoridades estadounidenses lo detuvieron y enviaron a la prisión de máxima seguridad CECOT, la jueza federal Paula Xinis emitió otra decisión ordenando al Gobierno llevar a Ábrego de vuelta a su hogar y dar un aviso de 72 horas si planean deportarlo de nuevo.
En el escrito, Xinis se pone del lado de los abogados de Ábrego y asegura que “comparte la preocupación” de que el Gobierno pueda deportarlo “una vez más sin el debido proceso”.
Las autoridades migratorias decidieron enviar a Ábrego a El Salvador el pasado marzo a pesar de que tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación a su país.
Ábrego García residía en Maryland desde hace más de una década y huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
Su caso consiguió notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos y se convirtió en un ejemplo de los “abusos” por parte de la Administración republicana a migrantes en medio de su plan de deportaciones masivas.
En respuesta, el Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado -hasta entonces- de delitos en Estados Unidos.
El salvadoreño formó parte de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador sin posibilidad de apelar ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.