El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este lunes una resolución que prorroga dos años más el trabajo del Grupo de Expertos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua desde el inicio de la crisis social y política de 2018.
La resolución, que tuvo que ser votada por petición de la delegación cubana, se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra (los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago, denunció en su último informe -presentado en la actual sesión del Consejo- que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
La sociedad civil considera que el trabajo de este equipo de expertos, que están documentando de forma rigurosa las violaciones de los derechos humanos e intentando establecer responsabilidades, es esencial para el propósito de que en algún momento se haga justicia a las víctimas.
Entre otras cuestiones que más preocupan a la comunidad internacional y que quedaron plasmadas en la resolución figura la cuestión de las detenciones arbitrarias y otras formas de intimidación para reprimir la disidencia, así como la completa impunidad en torno a estos hechos.
El texto aprobado insta al Gobierno nicaragüense a tomar medidas para garantizar la independencia del sistema de justicia, de las autoridades electorales, así como de las fuerzas de seguridad, poniendo fin a su injerencia en estas entidades, la que se ha hecho evidente con la reclusión y expulsión del país arbitrarias de jueces y otros funcionarios.
Sobre el retiro el pasado febrero de la nacionalidad a más de 300 críticos del gobierno y el destierro de más de 220 de ellos, el Consejo reclamó a Ortega que respete los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la nacionalidad.
Pidió que ofrezca las condiciones para que aquellos que lo deseen puedan regresar, “sin temor a nuevas represalias”.
Mencionó en particular el caso de la defensora de los derechos indígenas, Alexa Alfred Cunnningham, a quien el pasado febrero se le impidió -por orden del gobierno- retornar a Nicaragua tras haber participado en Ginebra en una reunión de un grupo de expertos de la ONU del que forma parte.
El Consejo también ha exhortado a Nicaragua a que coopere plenamente con la Oficina de Derechos Humanos y todos los órganos de la ONU que trabajan en esta área, permitiendo sobre todo que entren al país y que visiten centros de detención sin restricciones.
