El Departamento de Educación de Florida aprobó este miércoles extender a la educación secundaria la polémica ley conocida como “No digas gay” que prohíbe a los maestros abordar la identidad de género y la orientación sexual y fue la chispa del actual enfrentamiento entre el gobernador Ron DeSantis y el grupo Disney.
Esta ley, oficialmente llamada “Derechos de los padres en la educación”, está ya vigente entre el jardín de infancia y el tercer grado y ahora fue ampliada a todo K-12, como se conoce el sistema público de enseñanza hasta secundaria.
La extensión surgió a partir de una propuesta de DeSantis, que con ayuda de la mayoría republicana en el Congreso floridano está implantado un batería de leyes ultraconservadoras en ámbitos como los derechos reproductivos, la inmigración y la posesión y tenencia de armas.
El presidente, Joe Biden, condenó en su día esta ley como algo odioso para la comunidad LGBTQ+.
Según la ley, rubricada por el gobernador republicano en marzo de 2022, los padres tendrán posibilidad de presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si incumplen esta disposición.
La administración de DeSantis presentó la propuesta el mes pasado como parte de la “agresiva agenda” conservadora antes de su prevista candidatura a las elecciones de 2024 para ocupar la Casa Blanca, reseñan hoy medios floridanos.
La propuesta entrará en vigencia después de un período de notificación de procedimiento que dura aproximadamente un mes, señaló el Departamento de Educación.
La Campaña de Derechos Humanos e Igualdad de Florida (Equality Florida) reaccionó diciendo que “esta política intensificará la censura del gobierno que se extiende por nuestro estado, exacerbará nuestro éxodo de educadores, expulsará a las familias trabajadoras de Florida y estigmatizará y aislará aún más a una población de jóvenes que necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca”.
El presidente, Joe Biden, condenó en su día esta ley como algo odioso para la comunidad LGBTQ+.
Igualmente, Disney, que tiene sus parques temáticos en Orlando y es uno de los mayores empleadores y donantes políticos del estado, se opuso a la medida.
El gigante del entretenimiento se opuso públicamente a la legislación el año pasado y, como castigo, DeSantis presionó a los legisladores para que le dieran el control de un distrito autónomo que Disney supervisa en las propiedades de sus parques temáticos.