Una decena de monjas trapenses abandonaron Nicaragua “por motivos de la Orden” después de 22 años de presencia en el país centroamericano, y continuarán su misión pastoral en Panamá, informaron este martes las religiosas.
La decisión fue tomada una semana después de que el presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, calificara de “mafia” a los sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco.
“Nosotras, las hermanas trapenses de Nicaragua, hemos dejado voluntariamente el país por motivos de la Orden, falta de vocaciones, ancianidad de varias hermanas”, aseguraron a través de un mensaje divulgado en sus redes sociales.
“Seguiremos siempre unidos en la oración, en la amistad y el cariño que el Señor nos ha regalado durante estos 22 años”, agregaron las hermanas trapenses.
Explicaron que su “nuevo destino es Panamá” y enviaron un “gran abrazo fraterno a todos y nuestro agradecimiento”.
TENÍAN 22 AÑOS EN NICARAGUA
Las monjas trapenses pertenecen a la Orden monástica católica OCSO, por su nombre en latín (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae), bajo la regla de San Benito, y tenían el monasterio Santa María de la Paz, en el municipio de San Pedro de Lóvago, departamento de Chontales, centro de Nicaragua.
Antes de irse, las religiosas entregaron el convento, monasterio y los bienes e inmuebles a la diócesis nicaragüense de Chontales, de acuerdo con la información.
Desde Hinojo, Argentina, las hermanas trapenses llegaron a Nicaragua el 20 de enero de 2001.
Las monjas trapenses se convierten en el segundo grupo de religiosas que dejan Nicaragua.
Las primeras fueron 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que dejaron Nicaragua en julio del año pasado después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), bajo el control de los sandinistas, y a petición del Ejecutivo, les cancelara su personalidad jurídica.
DOS AÑOS CONVULSOS PARA LA IGLESIA CATÓLICA
Ortega calificó la noche del 21 de febrero de “mafia” a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.
Ese discurso del líder sandinista es el capítulo más reciente de dos últimos años especialmente convulsos para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de “golpistas” y “terroristas” a los religiosos.
En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y mantuvo bajo arresto a ocho sacerdotes, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien fue sustraído por agentes policiales la madrugada del viernes 19 de agosto, junto a otros cuatro presbíteros, dos seminaristas y un camarógrafo del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados.
El obispo Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”, tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos.
Además, el Ejecutivo ha cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, mientras que la Policía ha allanado una parroquia y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias, entre otros.
La Policía prohibió la semana pasada a la Iglesia católica celebrar las procesiones de viacrusis durante la Cuaresma y la Semana Santa.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 44 años.
