La legisladora Norma Torres, la única centroamericana miembro del Congreso de Estados Unidos, rogó al gobierno de Joe Biden limitar “severamente” la asistencia a los gobiernos de Centroamérica, en los que señaló “corrupción” y “mala gobernanza”, informó el jueves su oficina.
“Les imploro que se resistan a enviar dinero directamente a manos de funcionarios corruptos”, dijo Torres, una congresista por California nacida en Guatemala, en una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
“Nuestra asistencia extranjera debe ir a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones multilaterales y otras instituciones creíbles que tengan un historial probado de ayudar a personas y comunidades vulnerables”, apuntó.
No es la primera vez que Torres, integrante del Subcomité de Asignaciones Estatales y Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes, busca que la ayuda estadounidense beneficie a quienes lo necesitan en Guatemala, El Salvador y Honduras, origen de la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan crecientemente a la frontera sur de Estados Unidos.
En el proyecto de ley de financiación omnibus del 2020, Torres aseguró financiamiento para la lucha anticorrupción en esos tres países, así como la identificación de funcionarios corruptos y la eliminación de la financiación militar.
Torres, del Partido Demócrata, cuestionó la gestión del expresidente republicano Donald Trump, por permitir una corrupción “desenfrenada” en el llamado llamado Triángulo Norte centroamericano.
En su misiva, señaló que en Guatemala, los militares utilizaron la asistencia de seguridad estadounidense para intimidar a la propia embajada de Estados Unidos.
Además, citó procedimientos judiciales en tribunales federales en Nueva York, según los cuales presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “protegió a narcotraficantes mientras se jactaba de traer drogas a Estados Unidos”.
También dijo que en El Salvador, “el presidente Nayib Bukele usa su influencia para desacreditar procesos e instituciones democráticas legítimas”.
El gobierno de Biden, que asumió el 20 de enero con la promesa de una política migratoria “justa y humana”, dijo que está decidido a atacar las “causas fundamentales de la migración”.
