El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó este martes que Nicaragua “no resolverá sus problemas impidiendo a la oposición que se presente a elecciones”, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El reproche de Lula al Gobierno de Daniel Ortega se produce en medio del progresivo deterioro de las garantías democráticas en el país centroamericano, en el que la oposición ha sido sistemáticamente proscrita de los procesos electorales desde los comicios de 2021.

Las relaciones entre Brasil y Nicaragua se han visto fuertemente enfriadas y reducidas a mínimos, con las respectivas embajadas funcionando a través de encargados.

El mandatario progresista también hizo referencia en su discurso a “la división del mundo en zonas de influencias” y las “investidas neocoloniales por recursos estratégicos”, las cuales, según el, “constituyen gestos anacrónicos”.

En ese caso, mencionó que el pueblo venezolano “merece definir su propio destino”, en referencia al tutelaje que ha asumido el Gobierno de Donald Trump desde la operación militar realizada por Estados Unidos el 3 de enero en Caracas, que acabó con la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.

El propio Trump, que ha celebrado el grado de colaboración de la presidenta interina Delcy Rodríguez con Washington, en especial por la firma del polémico acuerdo por el que Venezuela cedió parte de sus reservas petroleras a EE. UU., ha afirmado recientemente que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones.

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha dado pasos hacia una mayor apertura política, entre ellos la instalación de mesas de diálogo con sectores de la oposición y la liberación de presos políticos, pero todavía no ha planteado un calendario electoral.

En su discurso, Lula también instó a la comunidad internacional a responder ante el drama humanitario en Haití al señalar que existen “límites a la indiferencia”, al tiempo que condenó las sanciones y el bloqueo económico contra Cuba, al calificar estas medidas como un “castigo colectivo impuesto a 10 millones de personas por un embargo económico y un cerco energético ilegal”.

Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de máxima presión por parte de Estados Unidos, para que la isla introduzca profundos cambios económicos y políticos.

Washington aplica desde enero un bloqueo petrolero a la isla, calificado por la ONU como contrario al derecho internacional, y una nueva batería de sanciones secundarias desde mayo pasado que han agudizado la crisis económica y energética del país caribeño.