El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a WhatsApp, de la estadounidense Meta, de haber entregado a los líderes de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, “toda la base de datos” del país caribeño, con información personal de los usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea.
”WhatsApp entregó a los terroristas venezolanos, a la diabla esta demonia Machado, terrorista y asesina, prófuga de la Justicia, y al criminal de guerra Edmundo González Urrutia y a sus comanditos (...) toda la base de datos de Venezuela, quien eres tú, tu familia, tus amigos, de qué hablas, de qué no hablas, qué videos compartes, cuáles son tus gustos, etcétera”, dijo Maduro.
Los ‘comanditos’ son estructuras de organización ciudadana que se conformaron durante la campaña electoral de González Urrutia, abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Desde la semana pasada, Maduro lidera una campaña contra redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, que −asegura− está siendo usada en el país para amenazar a militares y policías, así como a líderes comunitarios, por lo que pide reiteradamente a la población que la eliminen, un proceso que este martes dijo que se debe “acelerar”, sin mostrar mensajes que prueben sus acusaciones.
”Tenemos que ir al punto de liberar WhatsApp de nuestras vidas”, expresó el mandatario en un encuentro con jóvenes, transmitido por el canal estatal VTV, durante el que afirmó que esta aplicación “está en manos del imperialismo tecnológico, enemigos de Venezuela y de la humanidad”.
Maduro, que el pasado jueves ordenó sacar de circulación la red social X durante 10 días, insiste en estas denuncias tras las presidenciales del 28 de julio, en las que, según el ente electoral, ganó, un resultado rechazado por la oposición mayoritaria, que denuncia “fraude”, y que generó múltiples protestas en el país, vistas por el Gobierno como acciones “criminales” y “terroristas”.
Según fuentes estatales, más de 2,400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio −algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales−, mientras que 25 personas fallecieron en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.
