A solo una semana del segundo aniversario del inicio de la guerra, desde la Casa Blanca emerge un plan crucial para lograr un alto al fuego definitivo en Gaza. Contempla 20 puntos basados en una premisa innegociable: la salida total del grupo islamista radical Hamás de la Franja y la entrega de los rehenes.
La propuesta del presidente Donald Trump exige la destrucción de los túneles y de la infraestructura terrorista, la retirada gradual de las tropas israelíes y el establecimiento de un gobierno provisional que allane el camino hacia la autodeterminación palestina.
El eje político del acuerdo, plasmado entre los puntos 6 y 13, se centra en la salida de la organización que gobernó Gaza durante 18 años. Este paso sería histórico para la política interna palestina. Antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hamás ya había perpetrado una masacre en 2007 contra sus compatriotas de Fatah, ejecutando a decenas de militantes en la llamada “batalla por Gaza”. Desde entonces, gobernó la Franja en solitario y con mano dura. El plan busca revertir ese legado.

Israel liberaría a cientos de prisioneros de Hamás, y la Franja sería administrada por un comité tecnocrático palestino no político encargado de los servicios públicos municipales. Esta administración estaría supervisada por un Consejo de Gobierno para la Paz, liderado por Trump y figuras internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair.

La transferencia de poder se haría de forma gradual: de la retirada de tropas israelíes a una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), y luego al comité tecnocrático. Si Hamás se niega a salir, la ISF podría crear comités locales de gobierno, permitiendo que las comunidades gazatíes elijan entre el caos impuesto por Hamás y la estabilidad de una nueva administración, debilitando así paulatinamente el poder de la organización.
Entre las fisuras del plan está la falta de plazos para la retirada israelí y para la consolidación de la autodeterminación palestina, que además depende de una reforma no especificada de la Autoridad Palestina. La ausencia de fechas abre la puerta a interpretaciones y podría postergar indefinidamente estas metas.
El programa contempla que expertos internacionales integren la ISF. Si Panamá, por ejemplo, decidiera participar, podría aportar especialistas en explosivos, como los que destruyeron minas y artefactos en la ampliación del Canal. Ya tiene experiencia en la región: tras la guerra de Yom Kipur, Panamá envió militares al Sinaí en el marco de los acuerdos de paz entre Israel y Egipto.
La urgencia del acuerdo también responde a factores regionales. Egipto, por ejemplo, ha perdido unos 9 mil millones de dólares en ingresos por el Canal de Suez durante estos dos años de conflicto, debido a la inestabilidad regional y a los ataques hutíes contra barcos en el mar Rojo.

La reconstrucción de Gaza requerirá múltiples esfuerzos: económicos, políticos y sociales. Además del desarme y la rehabilitación de infraestructuras, será clave desactivar la propaganda inculcada por Hamás durante 18 años. Esta podría ser la tarea más difícil para el presidente Mahmoud Abbas, la Autoridad Palestina y Fatah, que regresarían a Gaza casi dos décadas después de haber sido expulsados de la Franja.

