En la misma población de Colombia donde cometieron sus crímenes en la década de 2000, diez militares retirados comenzaron a reconocer ante las familias de las víctimas la ejecución a sangre fría de cien civiles, que presentaron como guerrilleros caídos en combate.
En la inédita audiencia de este martes 26 de abril organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.
Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes.
En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta el miércoles escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.
“Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares (...) eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de subversivos, de guerrilleros, de matones”, reclamó Eduvina Becerra, pareja de José Ortega, un agricultor que vivía a unos 300 kilómetros de Ocaña antes de ser asesinado.
Sus abogados y decenas de personas guardaban silencio ante el macabro relato durante la audiencia.
“Yo reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor”, declaró el cabo Néstor Gutiérrez y pidió perdón.
“Asesinamos (a) personas inocentes, campesinos” y mi compromiso es “aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país”, agregó el exsuboficial de la Brigada Móvil XV del ejército.
Conocidos como “falsos positivos”, los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó en 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel.
