“La violencia la traen de afuera, con los ‘milicos’”, se queja Carolina Soto, una mapuche, al criticar el regreso de los patrullajes de las Fuerzas Armadas en la zona del sur de Chile que su familia ocupó hace ocho años.
La semana pasada los militares volvieron a la región de La Araucanía y a dos localidades de la vecina del Biobío, donde habitan mayoritariamente mapuches, a 600 km al sur de Santiago.
La decisión significó un giro en la política del presidente izquierdista Gabriel Boric, quien inicialmente había optado por anteponer el diálogo y retirar a los militares del lugar.
Pero el incremento en 122% de los ataques incendiarios desde el retiro de los militares el 27 de marzo -según la Multigremial de La Araucanía, que agrupa a los principales sectores productivos de la región- hicieron que retornaran otra vez a la zona.
Los atentados prosiguen. Este martes un trabajador forestal de 66 años murió y al menos otros dos quedaron heridos tras un ataque a balazos en las cercanías de la localidad de Lumaco, cuando se trasladaban en un pequeño autobús por una ruta rural.
“No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en el país”, declaró Boric poco antes de que se confirmara la muerte del trabajador.
Carolina Soto decidió salir de Temuco porque no podía autosustentarse y vivir de la forma en que su pueblo lo ha hecho por siglos. Decidió entonces ocupar con su familia estos terrenos estatales en las cercanías de esa ciudad.
La recuperación de las tierras que consideran suyas por derechos ancestrales está en el centro de las demandas del pueblo mapuche, la mayor etnia chilena, y el conflicto mantiene un foco de tensión en esta zona del país.
