La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Claudia Dávila, anunció este jueves que presentará en el Congreso un proyecto de ley para que agresores y víctimas de violencia de género usen pulseras electrónicas que emitan una alarma para evitar que estén próximas.
Dávila explicó a través de un comunicado de su despacho que esta iniciativa legislativa propone que las pulseras no sean llamativas, pero “repelentes entre sí”, de manera que emitan una alerta cada vez que el agresor se acerque a las víctimas.
“Esto permitiría que, efectivamente, el agresor no se acerque a la víctima y así podemos prevenir también niveles de violencia”, sostuvo.
Dávila sostuvo que, a veces, los procesos de investigación no dictan prisión preventiva para los agresores y que, por eso, “la propuesta señala que tiene que usar necesariamente grillete para que la víctima esté segura”.
“Ya tenemos la propuesta armada, la vamos a presentar al Congreso porque tiene que haber un marco legal para que los jueces actúen en esa dirección”, insistió.
La ministra resaltó que los casos de feminicidio y de violencia de género son “alarmantes” en el país y subrayó que la respuesta debe ser integral y enfocarse principalmente en la prevención.
En esa línea, explicó que su sector está realizando un sistema de visitas casa por casa a las víctimas que se encuentran en grado de tentativa de feminicidio.
“Estamos activando este mecanismo porque hay evidencia internacional que demuestra que funciona, que el agresor se siente vigilado y que la víctima también se siente protegida”, aseveró.
Por otro lado, Dávila informó que está preparando una acción de inconstitucionalidad contra la ley de tenencia compartida aprobada por insistencia en el Parlamento.
Esta ley, que ha causado el rechazo de organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, automatiza la custodia compartida en los procesos de divorcio o separación sin acuerdo, lo que es visto por algunos sectores como una potencial herramienta de los agresores para revictimizar a las madres e hijos víctimas de violencia.
“Consideramos que vulnera gravemente los derechos de los niños y pese a todos los esfuerzos que hemos hecho para explicar este tema no se ha llegado a entender la lógica de por qué el juez tiene que ver caso por caso y abocarse a la situación específica de es familia y de ese niño para tomar una decisión”, sentenció Dávila. EFE
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