El ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, expresó el viernes en una entrevista televisiva que las muertes de al menos 87 personas, provocadas por el uso médico de fentanilo contaminado, pudieron deberse a “mala praxis” y apuntó a fallas de control por parte del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de su ministerio.
“Me pongo muy mal cuando hablo de esto, porque soy médico y esto es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron”, dijo Lugones en referencia al Laboratorio Ramallo de la empresa HLB Pharma -ya clausurados- que produjo las ampollas de fentanilo que cargaban bacterias multiresistentes y fueron distribuidas en decenas de hospitales del país.
El proceso de control de calidad fue, según hipotetizó el ministro, objeto de “mala praxis” y “negligencia” por parte del Iname, que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), al tiempo que deslizó la posibilidad de que se trate de un caso de corrupción.
El Iname es conducido a la fecha por Gabriela Mantecón, funcionaria que asumió su rol durante el Gobierno anterior, y Lugones diferenció a esa funcionaria de Agustina Bisio, directora de la Anmat, designada por la gestión actual.
“No se puede creer que un laboratorio sea sucio, si fuera estéril no habría bacterias en las ampollas. No tienen perdón de nadie, hay que meterlos presos a ellos y todos los cómplices. Esta gente llegó acá porque tiene cobertura política, y no de este Gobierno”, dijo Lugones en referencia a Ariel García Furfaro, dueño de HLB, quien lo había acusado de una operación para perjudicarlo y vincularlo con el peronismo, fuerza opositora en la actualidad.
Haciéndose eco de los reclamos de los familiares de las víctimas, algunas de las cuales en diálogo con EFE reclamaron que el caso no se politice para evitar demoras en la investigación, Lugones dijo: “Estamos de acuerdo con los familiares, queremos que se resuelva lo más rápido posible”.
Agregó que desde el Ministerio de Salud siguen haciendo controles para determinar si la inspección gubernamental sobre el laboratorio fue realizado correctamente.