Religiosas de las Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta (1910-1997), abandonaron Nicaragua este miércoles, luego de que el gobierno de Daniel Ortega ilegalizar sus operaciones la semana pasada, informó una fuente humanitaria.
Las 23 misioneras llegaron este miércoles a Costa Rica en dos vehículos de transporte y fueron recibidas por el sacerdote Sunil Andugula, nacido en la India, quien sirve en la Diócesis de Tilarán-Liberia como vicario episcopal.
“Ortega, el mismo que recibió a la Madre Teresa de Calcuta en los años 80, es quien expulsó del país a su congregación religiosa”, denunció el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Twitter.
Según el Cenidh, las religiosas fueron deportadas como si fuesen “delincuentes”.
La organización religiosa fue anulada la semana pasada por el Parlamento, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a un centenar de oenegés, bajo argumentos de que incumplieron la ley al no informar de sus estados financieros ni explicar el origen de las donaciones que reciben.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, que controla a las oenegés y ha promovido la anulación de más de 700 de estas organizaciones, las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social.
El cardenal de Nicaragua y obispo de la arquidiócesis de Managua, Leopoldo Brenes, lamentó “profundamente” el lunes el cierre de la fundación que, dijo, brindaba “asistencia a los más pobres”.
El Cenidh, por su lado, consideró que las autoridades violaron “la honra y reputación” de las monjas “al afirmar que no estaban acreditadas” y “trabajaban ilegales en Nicaragua”.
Estimó que la decisión deja en la “indefensión a incontables” nicaragüenses que recibían refugio y alimentos, y es a su vez “una declaración de odio a la iglesia”.
Las religiosas, que eran de diversas nacionalidades, salieron de Nicaragua a Costa Rica por la frontera terrestre. El gobierno no se ha pronunciado al respecto.
Esta polémica es un ejemplo más de las fuertes tensiones que hay entre el gobierno de Ortega y la iglesia católica desde el 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a manifestantes que huían y resultaron heridos durante la represión de las protestas sociales de aquel año.
Ortega, un exguerrillero en el poder desde el 2007, atribuyó las protestas a un fallido golpe de Estado promovido por la oposición, con el apoyo de Estados Unidos, y acusó a los obispos de ser parte de ese complot.
En marzo pasado el gobierno nicaragüense expulsó al nuncio Waldemar Sommertag, mientras que en mayo dos sacerdotes denunciaron acoso por parte del gobierno. Entre mayo y junio, las autoridades cerraron además dos canales católicos de televisión.
