Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desahuciada del inmueble de Madrid en el que había vivido durante más de 70 años, murió este miércoles.
Abascal falleció en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, en el que había sido ingresada tras ser desalojada de su vivienda el 23 de septiembre.
Su caso provocó una ola de protestas en toda España y llevó al gobierno del presidente Pedro Sánchez a proponer de urgencia medidas de alivio en materia de vivienda.
El rechazo en el Parlamento la pasada semana de dos decretos propuestos por el gobierno llevó este lunes a Sánchez a adelantar las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.
Ante la noticia del fallecimiento, el mandatario español expresó “todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen”.
“Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia”, agregó.
Desde el desahucio de Maricarmen, miles de personas se movilizaron en la Puerta del Sol de Madrid, donde se mantiene instalado un campamento de protesta.
“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, señaló en un comunicado el Sindicato de Inquilinas, organización que había luchado para evitar el desahucio de Maricarmen.
“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”, agregaron.
Maricarmen había permanecido hospitalizada desde el desahucio, pero incluso desde su cama de hospital había mandado mensajes de apoyo a quienes se movilizaron en su defensa: “Luchad, defended lo que es vuestro”.
Su desalojo expuso la gravedad de la situación habitacional en España, donde el precio de los alquileres ha subido exponencialmente en los últimos años debido a una combinación de factores: escasez de oferta, aumento de la población en las principales capitales y la presión de los apartamentos turísticos de corta duración.
En la noche de este miércoles, cientos de personas marcharon hasta el Congreso de los Diputados en Madrid para protestar.
Las reacciones
Varios ministros del gobierno y otras autoridades lamentaron la muerte de la mujer.
“Mis condolencias y reconocimiento a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final”, escribió en X Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo en redes: “Gracias por tu valentía y tu dignidad. Descansa en paz, Maricarmen”.
Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular, y quien será el principal rival de Pedro Sánchez en las elecciones del próximo 29 de noviembre, pidió que no se utilice de forma interesada la muerte de Maricarmen.
“Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro”, escribió en un mensaje en redes en el que dio su pésame “a la familia y a los seres queridos” de la fallecida.
Una vocera del Sindicato de Inquilinas expresó por su parte: “Con cada subida de alquiler, con cada acoso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y se llevan por delante nuestra vida”.
La organización ha convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre para exigir soluciones al problema de la vivienda en España.
Las causas del fallecimiento de Maricarmen no se conocieron inmediatamente.
El caso de Maricarmen
Maricarmen era inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el acomodado barrio de Retiro, en el centro de Madrid. Fue desalojada al no poder hacer frente a la subida de alquiler exigida por Urbagestión, la empresa de inversión propietaria del inmueble.
Después de un litigio de varios años en el que la justicia falló a favor de la empresa, la comisión judicial ejecutó el desahucio al cuarto intento el 23 de septiembre.
La octogenaria vivió en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda durante casi toda su vida. Su padre firmó el contrato de alquiler en 1956.
Tras la muerte del padre, su esposa pasó a ocupar su lugar como inquilina; y, cuando esta murió en 2005, el contrato pasó a su hija Maricarmen.
Maricarmen residía en la vivienda como inquilina bajo un contrato que pertenecía al régimen conocido en España como de renta antigua: alquileres firmados durante la dictadura franquista (1939-1975) que después conservaron condiciones diferentes a las de los contratos nuevos, incluida una renta históricamente baja.
Pagaba 500 euros al mes de alquiler (unos US$573), una cantidad muy inferior al precio actual de mercado.
En 2018, la familia propietaria del edificio en el que se encontraba la vivienda de Maricarmen lo vendió a la empresa Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247.000 euros (US$282.000). Ella alegó que no podía asumir el precio.
El hecho de que el piso cambiara de dueño no ponía fin automáticamente al alquiler: primero había que determinar si el contrato de Maricarmen seguía vigente.
Según la interpretación del Tribunal Supremo, en el caso de Maricarmen el contrato no podía prolongarse indefinidamente por tratarse de una segunda sucesión.
Luego de que Maricarmen rechazara la oferta de compra, en 2020 Renta Corporación vendió la vivienda a Urbagestión, la actual propietaria.
Urbagestión le cobró inicialmente a la inquilina 2.650 euros (US$3018) mensuales y después planteó que aceptaría 1.650 euros (US$1879).
Esa última suma superaba el monto total de la pensión mensual de 1.350 euros (US$1537) que recibía Maricarmen.
La mujer trabajó durante 32 años como secretaria en una empresa farmacéutica y se jubiló en 1998.
Según su abogada, siguió pagando la renta de 500 euros mensuales incluso después de 2020.
Urbagestión, por su parte, defendía que el contrato antiguo había terminado y reclamaba la cantidad actualizada.
Después de que el desahucio de Maricarmen provocara protestas en toda España, la empresa aceptó que la mujer regresara a su vivienda pagando una cantidad similar de alquiler a la que venía abonando, pero bajo un nuevo contrato.
Con su fallecimiento, ese esperado regreso a casa no sucederá.
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