Al menos cuatro campesinos murieron y otros 14 resultaron heridos este jueves 5 de octubre durante una protesta contra la erradicación de cultivos de coca en el suroeste de Colombia, en la frontera con Ecuador, según las autoridades.
El ejército y la policía culparon de la violencia a guerrilleros disidentes de las FARC, aunque una organización campesina denunció que la fuerza pública atacó a los manifestantes que se oponen a la eliminación forzosa de los sembradíos.
"El saldo parcial es de cuatro personas civiles muertas y 14 heridas", dijeron las autoridades en un comunicado. Los confusos hechos se produjeron en una zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca en Colombia, el principal productor de cocaína del mundo. La protesta estalló la semana pasada, pero recrudeció este jueves.
"Los campesinos rechazan la erradicación y, molestos con el gobierno, comenzaron a protestar. Hubo agresiones y disturbios. Los campesinos dicen que la fuerza pública los atacó. Hay muertos y varios heridos", dijo a la AFP Diana Mantilla, líder de derechos humanos en Tumaco y de la organización comunitaria Asominuma, presente en el lugar.
Sin embargo, el ejército y la policía insistieron en que las comunidades fueron obligadas a manifestarse por un grupo de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartó del proceso de paz, y que dirige un hombre identificado como Guacho.
"Ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada con el objetivo de proteger la erradicación de los cultivos ilícitos", expresaron los organismos en el comunicado.
Siete de los heridos fueron evacuados hacia Tumaco, de acuerdo con el comunicado. El sábado tres policías murieron en una emboscada atribuida en principio por la policía a disidentes de las FARC, la organización comunista que este año dejó las armas tras firmar un acuerdo de paz que puso fin a medio siglo de enfrentamiento.
Suscrito en noviembre de 2016, el acuerdo prevé que la otrora guerrilla colabore con los planes oficiales para la sustitución de matas ilegales que incluyen ayudas económicas para los campesinos que acepten dedicarse a otro tipo de cultivos. Ante el cruce de versiones sobre lo ocurrido este jueves, la gobernación de Nariño convocó a un consejo extraordinario de seguridad para examinar la situación.
Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso acabar este año con 100 mil hectáreas ilegales en una estrategia combinada de erradicación forzosa y sustitución voluntaria de plantíos. Entre 2015 y 2016 los cultivos ilegales se dispararon en todo el país un 52% hasta sumar 146 mil hectáreas, y la producción de cocaína pasó de 646 a 866 toneladas de cocaína, según la ONU.