El Salvador comenzó a desmontar este martes la crisis política, con el presidente Nayib Bukele asegurando que acatará las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la separación de poderes, después de que el domingo él ingresara con el ejército al Congreso.
“Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional (...) acataremos la orden emanada” por la máxima corte, consigna un comunicado de la Presidencia y el Consejo de ministros.
El domingo, al ver frustrada una convocatoria a una sesión extraordinaria invocando un artículo de la Constitución, Bukele dio un plazo de una semana a la Asamblea Legislativa (de mayoría opositora) para que apruebe un préstamo de 109 millones de dólares para equipar al ejército y la policía.
Minutos antes de dar el ultimátum, el mandatario había ingresado a la sede del Congreso rodeado de policías antimotines y soldados del Ejército que portaban chalecos antibalas y fusiles de asalto.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el lunes a Bukele que "se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes".
Además, el máximo tribunal dejó sin efecto la convocatoria para una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que había realizado el Consejo de ministros.
El artículo 167 de la Constitución otorga al Consejo de ministros la atribución de realizar esa convocatoria cuando "los intereses de la República lo demanden".
Mientras se termina de resolver la crisis, la corte ordenó al ministro de la Defensa, René Merino, y al director de la Policía, Mauricio Arriaza, que "no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados".
Según el comunicado de la Presidencia, el Poder Ejecutivo se ha mostrado "en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes".
Asimismo, estimó que las medidas cautelares de la Corte “podrían dificultar el efectivo trabajo” que realiza el gobierno por los intereses del pueblo, por lo que que exhortó a la Sala de lo Constitucional a tomar “en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad”.
